En los fundamentos de la condena a Mónica Gurina y Leandro Sánchez, la jueza Marcela Leiva ataca la organización gremial de las y los trabajadores y castiga como delito funciones que son inherentes a la representación sindical. Sin pudor deja por escrito que se puede acusar y condenar sin pruebas, y que la gran ausente de estos años en Misiones es la independencia de poderes. El silencio de las instituciones ante el atropello cotidiano de las garantías constitucionales es atronador.