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Uno de cada tres trabajadores es pobre

Según un informe del Instituto que lidera Claudio Lozano, el 38% de los trabajadores percibe salarios por debajo de la canasta familiar y el 44,7% se encuentra precarizado. Esto es una radiografía de la crisis en el mercado laboral y hace “imprescindible la necesidad de garantizar un Ingreso Básico Universal”.
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Inflación, caída de la actividad y el consumo, el peso de la deuda externa, cierre de empresas y comercios por las restricciones para controlar la pandemia. Son sólo algunas de las claves con que economistas y dirigentes suelen debatir la crítica situación económica que atraviesa la Argentina.

No obstante, existen otras perspectivas que hacen foco en cifras vinculadas a lo cotidiano, tan útiles como las anteriores para alcanzar un diagnóstico adecuado y trazar una hoja de ruta hacia el futuro. A eso apunta el reciente informe sobre el mercado laboral del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que lidera Claudio Lozano y coordina Ana Rameri.

Uno de los datos más alarmantes que arroja el estudio es el hecho de que uno de cada tres trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil ($23.544). Pero esta cruda realidad no perjudica a todos por igual: mientras el 26,7% de los varones gana menos que el mínimo, el porcentaje asciende al 43% en el caso de las mujeres.

Por otra parte, si se toman como referencia los valores de las canastas básicas utilizadas oficialmente, surge que el 32,4% de los asalariados están por debajo de la línea de la pobreza y el 5% en la indigencia. “En la situación laboral de la Argentina se invierte el mandato cristiano: ‘no ganarás el pan con el sudor de tu frente’. Trabajando sos pobre”, concluye Claudio Lozano, titular del IPyPP y Director del Banco Nación.

“El deterioro del mercado laboral argentino no se mide por la tasa de desocupación. La presión efectiva involucra al 29% de la PEA (Población Económicamente Activa). El 71,5% de quienes están ocupados lo hacen en ocupaciones de baja calificación. Y en un marco donde el 44,7% de la fuerza laboral está precarizada, el ingreso promedio de quienes trabajan asciende a solo 32.159 pesos mensuales.”, añade el estudio.

En relación a esto último y al focalizar en la población juvenil, los resultados se vuelven aún más alarmantes: casi ocho de cada diez trabajadores jóvenes están precarizados.

Si bien se propone trazar una radiografía laboral y social de la Argentina, el informe del IPyPP no rehúye el debate en torno a las propuestas y alternativas para salir de la crisis: “el principal estímulo para la reactivación es la recuperación de los ingresos populares”. “Lo expuesto sumado al mayor crecimiento de la indigencia (el hambre) en el marco del empobrecimiento general de la población, ratifica la imprescindible necesidad de garantizar un Ingreso Básico Universal para toda la población en situación de informalidad y desempleo que fije un piso alimentario para toda la sociedad argentina”, apunta.

En relación con esto último, la información provista por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) también permite visualizar que entre los hogares pobres los subsidios monetarios sólo representan el 15,6% del ingreso total familiar, mientras que los ingresos laborales representan cerca del 70% del ingreso total.

Un informe anterior del Instituto -publicado en febrero de este año- aseguraba que con una inversión de entre 1,6% y 2,9% del PBI era posible promover 4 millones de nuevos empleos. Para hacerlo, proponía crear –en paralelo a un acuerdo de precios y salarios- dos instrumentos para intervenir en el ingreso de los sectores por fuera del empleo formal:

  • Establecer un ingreso básico universal, que recupere y profundice la estrategia del ingreso familiar de emergencia (IFE) que “inexplicablemente, en un contexto de agravamiento extremo de la situación social, se eliminara del Presupuesto 2021”.
  • Instrumentar un salario social de empleo y formación que reformule, integre y supere los actuales programas Potenciar Trabajo y Progresar al tiempo que promueva la creación de un Programa de empleo y formación de acceso universal “garantizado por la política estatal en articulación con las organizaciones populares”.

 

Ilustración: Marcelo Spotti

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