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Una sentencia histórica: La larga noche del Circuito Camps

El caso de Claudia Favero junto a testimonios de abogados y dirigentes sindicales fue parte de la querella gremial de CTA, una intervención clave en las audiencias de lesa humanidad.
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*Esta nota reconstruye fragmentos del libro “Circuito Camps, la querella de la CTA”, de próxima publicación, escrito por Rosario Hasperué y Darío Herrera. La publicación relata la antesala de los procesos judiciales con los testimonios de Guadalupe Godoy, Hugo Godoy, Hugo Blasco, Marcelo Ponce Núñez y Claudia Favero.

María Paula Álvarez tenía 22 años, estudiaba Bellas Artes. Daniel Favero 19, y estudiaba Letras en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Además era escritor y músico. Su obra, guardada secretamente por su padre, se mantuvo inédita hasta que, en 1992, la editorial Libros de Tierra Firme sacó a la luz una parte de ella con el título “Los últimos poemas”. Su apellido se convirtió en un ícono de la lucha popular en la ciudad de La Plata. En su memoria, en 2001 se abrió el Centro Cultural Daniel Omar Favero en el barrio Hipódromo. Allí funciona la Radio Estación Sur, emblema de la comunicación popular.

Su apellido se convirtió en un ícono de la lucha popular en la ciudad de La Plata. En su memoria, en 2001 se abrió el Centro Cultural Daniel Omar Favero en el barrio Hipódromo. Allí funciona la Radio Estación Sur, emblema de la comunicación popular.

La tarde del 24 de junio de 1977 cuatro personas entraron al edificio de la calle 57 entre 12 y 13 número 880 en La Plata. Fueron hacia el departamento G del segundo piso. Los visitantes, en realidad, eran policías. Tras un trabajo de inteligencia, habían preparado una emboscada. En el departamento contiguo, el E, vivían María Paula Álvarez y Daniel Omar Favero.

Cerca de la medianoche, la pareja salió del departamento. Los hombres los detuvieron y los jóvenes se resistieron. Julio César Argüello, uno de los policías, resultó herido en la pierna derecha por un disparo. Minutos después, Álvarez y Favero fueron apresados. Los trasladaron en un auto sin identificación a un lugar aún no determinado. Permanecen desaparecidos desde ese momento.

En 2016, el Tribunal Oral Federal N° 1 condenó a Miguel Etchecolatz por la desaparición de Daniel Favero y María Paula Álvarez, militantes de la Juventud Universitaria Peronista. Le dio 25 años pero asignó una pena única a reclusión perpetua por las cuatro sentencias que pesaban sobre él. También fueron condenados a 25 años Fernando Svedas, Raúl Machuca y Julio César Argüello, de la Brigada de Investigaciones.

Años antes de esa sentencia, en el emblemático juicio del Circuito Camps, el caso Favero salió a luz cuando se reveló que la encarnizada persecución a la pareja empezó en los meses previos de la desaparición de Paula y Daniel. Sus familiares sufrieron allanamientos ilegales y secuestros. Como el caso de Claudia Favero, secuestrada en febrero de 1977. La pusieron en una cama elástica y le aplicaron picana preguntándole por su hermano. A su hermano Luis también lo detuvieron. Le ataron las manos y vendaron los ojos, y lo llevaron a “La Casita”, como llamaban a la Brigada de Investigaciones. Ya en libertad, supieron que a su madre los parientes la habían internado en una clínica psiquiátrica.

Semanas antes de la desaparición de Daniel Favero y Paula Álvarez, los verdugos regresaron a la casa. A esa altura la madre tenía el alta y volvió a descompensarse. Claudia le rogó a un policía (de apellido Machuca) que le permitiera buscar un medicamento a la cocina.

El juicio por el Circuito Camps comenzó en 2011, terminó a fines de 2012 y fue llevado a cabo en el Tribunal Oral Federal N 1, presidido por Carlos Rozansky.

Con mi hermano nos secuestraron en febrero del 77, a mi hermano Luis, el más chico que tenía 17 años, y a mí que tenía 20. Luis era militante del PC (Partido Comunista) y yo no tenía militancia, por suerte no tenía nada que decir, porque es muy difícil no hablar bajo tortura, vamos a decir las cosas como son, por eso existe la tortura, para que la gente se quiebre. A ellos les interesaba saber sobre mi hermano Daniel, que era militante de la Juventud Universitaria Peronista”.

Al poco tiempo de aquellas vejaciones, en la familia se dieron cuenta que algo había pasado, que Daniel ya no estaba, “porque no lo vimos nunca más y nos dejaron de perseguir”. Con esas palabras Claudia Favero transmitió el espanto en primera persona, dando cuenta de cómo era el funcionamiento del Circuito Camps en el juicio homónimo celebrado en La Plata entre el 12 de septiembre de 2011 y el 19 de diciembre de 2012.

En dicho circuito represivo ingresaron detenidos junto a su hermano Luis: primero a la Brigada de Investigaciones, luego en Arana y finalmente a la Comisaría Quinta. Durante el juicio, el testimonio de Claudia fue clave, ya que compartió cautiverio junto a tres compañeras embarazadas, entre ellas Adriana Calvo e Inés Ortega, madre del nieto recuperado Leonardo Fossati. De esa forma, junto a otros testigos, reveló el funcionamiento de maternidades clandestinas y el robo de bebés.

El caso Favero destapó las continuas detenciones ilegales, persecución y tortura que fueron una constante entre los centros clandestinos del Circuito Camps

EL CIRCUITO DEL HORROR

Durante la última dictadura militar, en la provincia de Buenos Aires, el coronel Ramón Juan Camps fue el jefe máximo de la policía. Como arquitecto del terror desarrolló el método de secuestros, privaciones ilegales de la libertad, torturas y en muchos casos la muerte y la desaparición, utilizando a tales fines al menos 29 centros clandestinos de detención, que en la mayoría de los casos funcionaron en dependencias oficiales de dicha policía en la zona del Conurbano bonaerense y La Plata.

Estos lugares, que conformaban lo que luego fue denominado el “Circuito Camps”, operaron como un engranaje en el que cada pieza cumplía su función y servía a las demás. Es así como los detenidos ilegales eran trasladados de un lugar a otro para ser en primer lugar “ingresados”, luego “distribuidos”, “interrogados” (eufemismo utilizado para referir a la tortura física), más tarde depositados y finalmente “trasladados”, lo que suponía la desaparición definitiva o la liberación o a un centro oficial de detención.

JUICIO Y CONDENA

El 19 de diciembre del 2012 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por Carlos Rozanski, Roberto Atilio Falcone y Mario Portela, leyó la sentencia del juicio conocido como “Circuito Camps” en donde se condenó a 23 represores responsables de torturas, desaparición forzada de personas, abuso sexual y homicidio, todos ocurridos durante la última dictadura militar.

La condena refirió a los crímenes cometidos en los siguientes Centros Clandestinos de Detención (CCD): la Comisaría Quinta de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata; la Subcomisaría de Don Bosco denominada “Puesto Vasco”, el Centro de Operaciones Tácticas I de Martínez; y la Brigada de San Justo.

Estos fueron los principales CCD del circuito de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo el mando del entonces coronel Ramón Camps, y de la Dirección General de Investigaciones a cargo de Miguel Etchecolatz.

La causa llevó el N° 2955/09 y fue caratulada como ‘ALMEIDA, Domingo y otros s/ Inf. Arts. 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del C.P.’, y sus acumuladas causas N° 3021/09, 3064/10, 3158/10, 3168/10 y 2950/09, por delitos de lesa humanidad cometidos durante el Terrorismo de Estado.

Del juicio, a su vez, participaron 280 víctimas y 26 imputados. Se juzgaron además los hechos sucedidos en la casa de “Teruggi-Mariani” en la ciudad de La Plata, incluyendo la apropiación de Clara Anahí; la llamada “Noche de los Lápices’; el secuestro del “grupo Graiver”, y de parte del gobierno de Oscar Bidegain, el gobernador bonaerense electo en 1973; también los secuestros de Jacobo Timmerman, de Jorge Julio López y Adriana Calvo.

Entre las personas condenas se encontraron los civiles Ibérico Manuel Saint Jean y Jaime Lamont Smart, gobernador y ministro de Gobierno, interventores de la dictadura en la Provincia de Buenos Aires.

15 meses, 90 audiencias, 400 testigos, 26 imputados, 16 condenados y 280 víctimas: los números del juicio

Los jueces condenaron a prisión perpetua a los siguientes represores: Jaime Lamont Smart, Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Hugo Alberto Guallama, Horacio Elizardo Luján, Norberto Cozzani, Carlos García, Luis Vicente Patrault, Bernabé Jesús Corrales, Fernando Svedas, Miguel Kearney, Raúl Orlando Machuca, Julio César Argüello, Víctor Sita, Domingo Almeida y Roberto Omar Grillo.

Al resto de los imputados los magistrados impusieron las siguientes penas: 25 años de prisión para Eros Amílcar Tarela y Jorge Antonio Bergés, 18 años para Roberto Antonio Cabrera, 15 años para Sergio Arturo Verduri, 14 años para Daniel Jorge Lencinas, 11 años para Pedro Antonio Ferriole y 2 años de cumplimiento efectivo para Santiago Antonini. Se revocaron los arrestos domiciliarios y se logró por primera vez una condena colectiva, antecedente para acelerar a partir de allí los juicios por “la memoria, la verdad y la justicia”, consigna histórica de los organismos de Derechos Humanos.

Se llegó al veredicto luego de un proceso de juicio que comenzó en septiembre de 2011, y que contó con 80 audiencias, el testimonio de 360 testigos, y la participación como querellante de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Justicia YA, y la Universidad Nacional de La Plata, entre otros.

La CTA participó a través del trabajo de los abogados Marcelo Ponce Núñez, entonces Secretario de Derechos Humanos de la CTA bonaerense; y de Guadalupe Godoy, quien era Secretaria de Derechos Humanos de la CTA de la regional La Plata- Ensenada, representando también a la Liga Argentina por los Derechos Humanos y a la querella de “Justicia Ya”.

Este juicio cobró mayor relevancia por haber sido el primer juicio en donde se pudo demostrar la mecánica de los centros clandestinos en su conjunto. Fue el primero, además, en juzgar a responsables civiles.

UN CONTINUO DE ENCIERRO

“Fundamentalmente, el interrogatorio estaba apuntado ensañadamente a que le demos información sobre mi hermano Daniel. Cosa que no sabíamos, ni siquiera dónde vivía, hacía tiempo que estaba en la clandestinidad. Aunque iba a mi casa, porque estábamos estudiando una materia juntos, una introducción a la Historia para Humanidades”, contó Claudia Favero sobre aquellos días en que estuvo detenida dentro del Circuito Camps.

Se logró por primera vez una condena colectiva, antecedente para acelerar a partir de allí los juicios por “la memoria, la verdad y la justicia”

El interrogatorio en la Brigada de Investigaciones era brutal y había bastante personas a su alrededor. Allí estaban los “buzones”, como se llamaba a los calabozos sucios y pequeños. “A mi hermano Luis lo pusieron en un buzón de esos, y a mí me dejaron en el suelo -reconstruyó Claudia Favero-. Al lado mío había otra chica de Necochea que hacía más días que estaba, y me fue diciendo lo que se podía y lo que no se podía. Pedir ir al baño, por ejemplo. Estaba totalmente tabicada, con unas vendas en los ojos, atada y ya golpeada”.

“Nosotros no sabíamos dónde estábamos en ese momento, supimos dónde estuvimos luego. Pasamos al destacamento de Arana al que le decían El Campito. Muy perverso, porque decir los nombres con diminutivo es tremendo, como si fuera un lugar lindo. Un campito es un lugar lindo, una casita es un lugar lindo”.

Sin embargo, no había lugar lindo en el Circuito Camps: “En Arana nuevamente el interrogatorio -declaró Claudia- se repetía bajo tortura, pero con picana. Todos cuentan más o menos lo mismo, además el lugar estaba preparado para eso. Ahí nos pusieron juntos a Luis y a mí en un en un buzón, o sea que no vimos a nadie más, después estuvimos ahí unos días. Para mí fue una larga noche, porque no sabía si era de día, de noche, si había cambiado el día. Era un continuo de encierro”.

Después los trasladaron a la Comisaría Quinta, el otro lugar del Circuito Camps. “La Comisaría Quinta –aunque después supimos que también hubo tortura–, era más, en general, un lugar de depósito, de tránsito. Estabas un tiempo ahí, después, verían ellos adónde te mandaban o si desaparecías definitivamente. Muchos de los que estaban en la Comisaría Quinta, después pasaban al Pozo de Banfield, muchísimos de los que estaban, no fueron eliminados directamente ahí, sino que fue posterior”.

Los testimonios del Circuito Camps también sirvieron de prueba para otros juicios como el de Pozo de Banfield, Quilmes y Avellaneda. “Había un montón de chicas, fundamentalmente, es importante decirlo, había tres embarazadas. Estaban cuidadas, cuidadas no porque eran buenos con ellas, sino porque cuidaban lo que llevaban adentro, sus hijitos para después apropiarlos”.

De su testimonio también se desprendió información sobre los mecanismos de sobrevivencia y solidaridad entre las víctimas: “Las chicas estaban bastante organizadas y los varones también. Cuando mi hermano Luis llegó había bastantes conocidos de él, por lo tanto, sabía sus nombres: y después supo algunos de los que no conocía. Cuando salió fue a decirles a las familias que los había visto; uno fue Alfredo Reboredo, el hijo del juez, que después sería uno de los jueces de los “Juicios por la Verdad”. Fue tremendo que el papá tuviera que escuchar el testimonio sobre dónde había estado su hijo desaparecido”.

De Comisaría Quinta, Claudia y Luis Favero fueron nuevamente trasladados a Brigada de Investigaciones. Allí terminó su calvario. “Ahí volvimos a la Brigada desde donde nos liberaron. Durante un montón de meses nos mantuvieron en vigilancia. A mi hermano lo levantaban de nuevo por la calle, a mi casa entraron de nuevo, pero no me volvieron a llevar, porque seguían buscando a Daniel. Nos dimos cuenta de que algo había pasado, que Daniel ya no estaba, porque no lo vimos nunca más y nos dejaron de perseguir”. Fue en junio de 1977 que secuestraron a Daniel”.

CLASE TRABAJADORA EN LA MIRA

“Hay que hablar del protagonismo de la clase trabajadora en todo el proceso que se dio durante los años de la dictadura”, dice Hugo Blasco, que participó de la querella de la CTA en el juicio por el Circuito Camps.

Para el dirigente sindical, existe un hecho irrefutable: la gran mayoría de víctimas del terrorismo de Estado eran trabajadoras y trabajadores. Integrantes de cuerpos de delegados, comisiones directivas, delegados de base, simples militantes, fueron las principales víctimas. “Hay dos cosas que son muy significativas, una, que la mayoría eran de ese origen social y, en segundo lugar, la edad: más de la mitad eran menores de 30 años”.

Estos jóvenes, señala Blasco, “reflejan una etapa histórica del país, cuando el protagonismo de la clase trabajadora argentina, previo al golpe, era muy fuerte. Consideremos por ejemplo Astilleros Río Santiago, es la unidad económica que tiene la mayor cantidad de compañeras y compañeros desaparecidos, más de 40 asesinados, secuestrados, desaparecidos”.

«Nos dimos cuenta de que algo había pasado, que Daniel ya no estaba, porque no lo vimos nunca más y nos dejaron de perseguir»

Que el principal blanco de las fuerzas armadas fueran trabajadores organizados no es una mera opinión, en efecto, además de las represiones que se desataron sobre obreros en las fábricas, la dictadura emitió una serie de leyes y decretos que apuntaron a dañar la organización sindical y retroceder en derechos laborales.

“Quedó claro que el objetivo era instalar un plan económico y político que iba en contra de intereses de trabajadores, y por esto en los primeros días de gobierno tras el golpe de estado entre las medidas que se tomaron se suspendió el derecho a huelga y se derogaron fueros sindicales”, apunta Blasco. Desde esta línea ideológica, a través del comunicado Nº58 se dispuso la intervención de la CGT, el bloqueo de sus fondos, cuentas bancarias y bienes patrimoniales. La ley Nº 21.356 (22/07/1976), a su vez, prohibió toda actividad gremial (asambleas, reuniones, congresos y elecciones de sindicatos) y el Ministerio de Trabajo realizó una intervención de sindicatos y asociaciones.

Según expuso la querella de la CTA, “estas normas implican una clara complicidad con un sector empresarial que se benefició e incluso fue parte de hechos de terrorismo de estado como se denuncia en varios juicios por el secuestro y desaparición de trabajadores en Acindar, Mercedes Benz, Molinos río de La Pata, Ledesma y La veloz del Norte, sólo por citar algunos”.

En este contexto, Blasco considera que el Circuito Camps ha tenido una finalidad muy precisa: “Me parece que hay que salir de esa visión de que la dictadura era una banda de forajidos que salieron a asolar la Argentina. La dictadura tuvo una finalidad, el golpe tuvo una finalidad. Había que reinsertar a la Argentina en la nueva etapa capitalista que se había empezado a desarrollar a mediados o principios de los 70. La primera experiencia más significativa fue Chile, ahí empieza a explicitarse el neoliberalismo como modelo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en las dictaduras de América Latina. Y para poder ejecutar ese mismo proyecto en nuestro país era imprescindible un correlato en el accionar estatal que hiciera que cualquier vestigio, por más incipiente que fuera la resistencia a la implementación de ese modelo que conllevaba pérdida de soberanía, violación sistemática de los Derechos Humanos, la pérdida de trabajo, etcétera, fuera eliminado”.

Para el dirigente sindical Hugo Blasco existe un hecho irrefutable: la gran mayoría de víctimas del terrorismo de Estado eran trabajadoras y trabajadores.

Claudia Favero coincide: “En la ciudad de La Plata, en Berisso, en Ensenada, la dictadura fue terrible porque era una región muy politizada. Se hablaba mucho de conciencia. Había que concientizarse de cómo era el mundo, de lo que era injusto. Había que pelear para que fuera de otra manera. Tanto los estudiantes, los docentes, los no docentes de la universidad. Son alrededor de mil los desaparecidos, y sumamos a los trabajadores de la región, que son muchísimos”.

Y se explaya, en una conclusión final: “En Astilleros, YPF, los frigoríficos, había un montón de trabajadores sindicalizados y luchadores, que también fueron perseguidos, porque había que instalar ese plan, y lo lograron. Fue un plan sistemático para callar, por eso había silencio, por el miedo, el terror que instalaron. Por eso se habla del terrorismo de Estado, aunque a algunos no le gusta decir terrorismo de Estado porque sería volver al tema de la teoría de los dos demonios, que hubo otro terrorismo, y nosotros no adherimos a esa teoría. Hubo un solo terrorismo. Hubo acciones guerrilleras, pero los desaparecidos no eran terroristas, y en todo caso si lo fueron, no tuvieron un juicio donde eso se pudiera probar, porque su desaparición y su muerte fue absolutamente ilegal”.

Ya en su declaración testimonial en el Juicio contra los represores que operaron en Unidad 9, Hugo Godoy, hoy secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, quien fue detenido en el año 1975 y estuvo siete años como preso político en la Unidad 9, Sierra Chica y Cárcel de Caseros, contó que a partir del golpe de Estado de 1976, “la situación en la cárcel comenzó a cambiar, en las primeras horas de la madrugada se escuchó la llegada de decenas centenares de presos”.

Y agregó: “La absoluta mayoría de los presos que empezaron a poblar la unidad 9 eran trabajadores, delegados de fábricas, activistas del Astillero Río Santiago y Propulsora de Petroquímica de aquí de la región y del Gran Buenos Aires”.

Años después, y reflexionando sobre el objetivo de la dictadura militar, Godoy señaló: “Martínez de Hoz decía que para terminar con la rabia había que matar al perro, había que destruir la organización de la clase trabajadora en la Argentina y de cualquier proyecto político que sostuviera esos intereses. No olvidemos a los grupos empresariales que promovieron el golpe. Martínez de Hoz había sido presidente de AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, y desde esa posición promotor del golpe de Estado. Fueron directos beneficiarios, porque como decía Rodolfo Walsh en su carta a la dictadura, las detenciones, secuestros, torturas, exilio, prisión, desapariciones, eran solamente un mal menor, al lado de los profundos males que les generaban a generaciones futuras, que iban a padecer las consecuencias del hambre, de la pobreza, la desindustrialización y la destrucción de la soberanía del país”.

Siendo parte de este plan dictatorial el entonces coronel Ramón Juan Alberto Camps, durante los años 1976 y 1977 y como jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, planificó un circuito represivo que según explicó Marcelo Ponce Núñez, abogado de ATE y CTA de Buenos Aires, “implicó una organización interna de la fuerza, fundamentalmente desde el Servicio de Inteligencia que funcionaba donde hoy está la Comisión por la Memoria. Disponiendo los lugares y los métodos para implementar el descubrimiento de personas, el sistema de detención, y de ahí claro, la aplicación de la tortura. De todos ellos los más importantes fueron, sin duda, La Plata y Quilmes donde la represión funcionó con más fuerza. ¿Por qué La Plata? Porque allí se encuentra la Ciudad Universitaria. ¿Por qué Quilmes? En principio, porque el 70 por ciento de los desaparecidos eran trabajadores, y es un lugar donde la clase trabajadora tenía mucho asentamiento”.

LA HISTORIA DE LA QUERELLA

“Desde los trabajadores y trabajadoras denunciábamos tres cuestiones básicas: que había habido genocidio; que había estado dirigido a destruir la organización de la clase trabajadora; y por último, la complicidad y responsabilidad empresarial, habida cuenta de que empresas como la azucarera Ledesma y Ford, entre otras, habían actuado activamente en la represión al interior de las fábricas, o de los emprendimientos industriales y productivos, y hasta había habido centros de detención al interior de esos lugares”, explicó Cachorro Godoy.

A la hora de pensar en la querella gremial, reconstruyó que en el Juicio contra las Juntas ya había dos dirigentes sindicales que fueron testigos, y dijeron que no sabían que había desaparecidos y que no lo recordaban, por lo tanto, enlodaron al conjunto de la dirigencia sindical. “Ya no era solamente la complicidad que algunos habían tenido durante la dictadura, sino en el encubrimiento en el propio juicio. Por lo tanto, la intervención orgánica de una central de trabajadores interviniendo en el juicio era una manera de demostrar no solamente la solidaridad, el acompañamiento y la reivindicación de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, sino también que, así como había una dirigencia que enlodaba esa memoria y encubría el genocidio, había una militancia y una dirigencia que era coherente con esa lucha de los 30 mil. Eso es lo que nos permitió después darle continuidad a la presentación en España en 1998”.

«En la ciudad de La Plata, en Berisso, en Ensenada, la dictadura fue terrible porque era una región muy politizada»

En marzo de 1998, una comisión que representó a la CTA, integrada por Víctor De Gennaro, Marta Maffei, Víctor Mendibil, Alberto Morlachetti, Juan Carlos Camaño y Alberto Pichininni, se presentó ante el juez Baltazar Garzón en Madrid para denunciar los crímenes perpetrados por la última dictadura. Para esto, presentaron un informe que contó con la colaboración de Claudio Lozano y los abogados Juan Carlos Capurro, Horacio González y Carlos Slepoy.

El informe denunciaba el crimen de genocidio e incluía una nómina de más de 9 mil trabajadores detenidos- desaparecidos y el relato de los hechos que incluía el plan de apropiación de bebés.

“Nos presentamos como CTA y también se presentaron otras varias organizaciones, obviamente los organismos de Derechos Humanos, pero como central sindical fuimos la única que se presentó. Dos años después, en 2000, desde la CTA de la provincia de Buenos Aires –que tenía como secretario de Derechos Humanos al padre Carlos Cajade–, nos presentamos ante el Juicio por la Verdad. A la documentación que ya se había presentado en el juicio de España, le sumamos dos investigaciones muy profundas sobre la represión contra los docentes universitarios y contra los trabajadores del Astillero Río Santiago”, recuerda la abogada Guadalupe Godoy.

Para completar el relato, Marcelo Ponce Núñez agrega: “Se empezó en la época de Alfonsín con el Juicio a las Juntas, después los Juicios por la Verdad, no se empezó con juicios individuales contra los sujetos. El Juicio por la Verdad buscaba genéricamente saber lo que había pasado, fue como un juicio investigativo, ahora, quién salía condenado en el juicio por la verdad: nadie, porque no había una imputación concreta, después vinieron los juicios con imputaciones”.

Para Ponce Núñez, las denuncias que se llevaron previamente a España ante Baltazar Garzón fueron fundamentales: “Se le agregaron al juez elementos documentales, cómo era la situación que se daba en forma interna, no solamente dentro de la policía, sino también hasta dentro de algunos sindicatos que formaban parte en aquel momento de la CTA, y las cuestiones de coerción que se daban”.

Por esto el abogado señala: “Nuestra participación en la lucha por los Derechos Humanos es anterior a lo que sucedió acá en el juzgado Federal de La Plata. Siempre tuvimos la intención de generar ese tipo de respuesta, y esas respuestas que tenía que dar la justicia, las fuimos exigiendo en la provincia de Buenos Aires con otras organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con la que trabajamos juntos prácticamente todos los juicios”.

La CTA fue querellante no sólo en el juicio del Circuito Camps, sino también en anteriores y posteriores como Von Wernich, Fuerza de Tareas 5, Unidad 9, Brigada de San Justo, La Cacha, Comisaría Quinta, y otros se están desarrollando en la actualidad: Comisaría 8va y 1 y 60. En todos los procesos, se trabajó en conjunto para elaborar las pruebas con el sindicato de los trabajadores judiciales, la APDH y la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras organizaciones, con las que se han podido llegar a pruebas contundentes para el pedido de las condenas.

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