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Las tres centrales sindicales argentinas, con el respaldo de la CSA y la CSI, contra la «Gestapo» antisindical

A raíz de la denuncia sobre la GESTAPO antisindical de la CTA Autónoma, el secretario General de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), Rafael Freire, convocó a las centrales argentinas a una reunión el miércoles 12 de enero para el lanzamiento de una campaña continental y mundial contra la persecución a dirigentes sindicales.
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La reunión contó con la participación de Victor Báez, Secretario Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Como representantes de las tres centrales sindicales argentinas estuvieron Ricardo Peidro y Fito Aguirre, Secretarios General y de Relaciones Internacionales de nuestra central respectivamente; Marta Pujadas y Mónica Tepfer del equipo técnico de relaciones internacionales de UOCRA-CGT, Hugo Yasky y Roberto Baradel por la CTA de los Trabajadores. También participaron Cicero Pereira Da Silva, Secretario de Política Social de la CSA y el especialista en derecho laboral, Dr. Hugo Barreto.

Durante la reunión, se compartieron posiciones y lecturas sobre el escándalo acontecido tras la revelación de las reuniones secretas sostenidas en 2017 entre funcionarios macristas de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, junto a legisladores, intendentes, funcionarios judiciales, agentes de inteligencia y empresarios. Su propósito era organizar una campaña de hostigamiento y criminalización contra dirigentes y representantes sindicales. 

Este hecho no ha sido una excepción respecto de situaciones de persecución político gremial que, con distintas escalas de brutalidad, suceden en el mundo. La filmación, sin embargo, pone en imagen y palabras estas políticas impulsadas a nivel local y global por las patronales en contra de los sindicatos, en detrimento de las bases mismas de las instituciones democráticas.

La propuesta es iniciar una campaña de denuncia y acción política a nivel regional y mundial por la democracia y contra la persecución a representantes sindicales, para evitar que sus responsables permanezcan impunes. Las denuncias presentadas por las tres centrales sindicales serán tomadas como propias por parte de la CSA, en el entendimiento de que estos atentados contra la libertad sindical responden a una búsqueda de acabar con la representación de los trabajadores para avanzar sin obstáculos en la destrucción de derechos laborales expresados en los convenios colectivos y leyes laborales.

Pese al miedo que pretenden imponer con estas persecuciones, la resistencia de los trabajadores ha logrado grandes triunfos. Tal fue el caso del Astillero Río Santiago que, pese al hostigamiento y la criminalización sufrida por sus trabajadores, consiguieron defenderlo pese a las intenciones del gobierno macrista de vaciarlo para, en palabras del mismo Mauricio Macri, “dinamitarlo”.

“Hay patronales que hoy mismo actúan con políticas antisindicales, de persecución a la afiliación, resabios de lo que fue lo que llamamos la pandemia macrista”, señaló Peidro en su intervención, “para responder con fuerza a estas políticas, es fundamental que la denuncia conjunta de las tres centrales sindicales cuente con el apoyo de la CSA y la CSI a nivel internacional”.

Y añadió “No es casual que Villegas, el que lanza la frase de la GESTAPO, haya sido asesor en Walmart y Perez Companc. No es un funcionario sino que es parte de un sector de empresarios que atacan sistemáticamente a las organizaciones sindicales”.

Fito Aguirre, a su turno, enfatizó en la importancia que tiene tomar el caso argentino como ejemplo de lo que ocurre en la política general contra los sindicatos, «Hay que difundir mucho más allá de las Américas: lo que ilustra el video no fue un error, sino que hubo un uso de los tres poderes para intentar destruir los sindicatos. Debe haber un castigo», manifestó el dirigente. Victor Baez, en representación de la CSI, coincidió en la importancia de ejemplificar lo que sucede en las Américas a nivel internacional. 

Como propuesta de continuidad, Freire planteó llevar la denuncia ante la ONU y la OIT y acompañar el reclamo ante la CIDH que las tres centrales hicieran en 2017, entre otras medidas políticas y gremiales.

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