Desde el Monitor de Respuestas Represivas de la CTA, conversamos con el abogado Eduardo Paredes (a cargo de la defensa) y con la Secretaria de Comunicación, Alicia Rivas, para analizar el marco general de este nuevo intento de avance en la criminalización de la organización y la lucha en la provincia.

¿En qué contexto ocurre este avance en la judicialización de la protesta?

Alicia  Rivas:  «La  judicialización  contra  la  conducción  de  la  CTA  Autónoma  de  Misiones, específicamente contra su Secretaria General y su Adjunto, forma parte de una represalia y un intento de disciplinamiento hacia los sectores que protagonizaron la lucha salarial del año pasado,  conocida  como  «el  misionerazo».  Esto  se  suma  a  la  criminalización  y  el encarcelamiento de referentes de la protesta policial, quienes además fueron exonerados de las  fuerzas  sin  sumario  previo  ni  derecho  a  defensa.  El  objetivo  es  claro:  evitar  que trabajadores  de  la  educación,  la  salud,  estatales,  pequeños  productores  y  movimientos sociales vuelvan a ocupar las calles para visibilizar la crítica situación que atraviesan».

«Mónica y Leandro han sido dos de los principales referentes de la protesta en la provincia. Además, conducen la Central que, durante los últimos 20 años, organizó y encabezó las movilizaciones  más  importantes  contra  un  gobierno  provincial  que  profundizó  la precarización laboral y salarial de los trabajadores, desatendió a los pequeños productores, fomenta la concentración de tierras y ahora avanza en un régimen que viola el derecho a la protesta, buscando disciplinar, condicionar e incluso encarcelar a dirigentes sindicales».

¿Cuál es la realidad de las condiciones de vida de los trabajadores en Misiones?

Mónica Gurina: «Los trabajadores en Misiones son pobres. Los empleados provinciales están mal, pero los municipales directamente en la indigencia, y muchos estatales también. Para que  tengas  una  idea:  una  maestra  de  grado  cobra  571.000,  cuando  según  ATE-INDEC necesitamos al menos 1.700.000 para superar la línea de pobreza. La situación es de falta de derechos en todos los sectores.

«Por ejemplo, los tareferos, que cosechan la yerba, hoy no tienen precio. Los productores, al no  poder  vender  a un valor adecuado, pagan miserias a los tareferos, que son los más olvidados y empobrecidos. Sus hijos van a nuestras escuelas, donde el Estado destina solo $380 por día por niño para la alimentación. Con eso no alcanza ni para comprar caramelos.

«Los trabajadores desocupados no consiguen empleo, y los jubilados están en una situación desesperante: no tienen acceso a los remedios del IPS, el vademécum se reduce cada vez más, y sus haberes son miserables. Por eso siguen reclamando en la plaza: los jueves, los jubilados de María Blanca y de educación; los miércoles, los jubilados provinciales.

«La  situación  es  de  extrema  necesidad  y  se  agrava  día  a día. Los servicios públicos son inaccesibles: una familia que tenga apenas una heladera, un ventilador y un lavarropas paga $100.000 de luz con un salario de $500.000. En Posadas el agua potable – manejada por una empresa extranjera – cobra $30.000 de consumo mínimo, y si la usás, la factura puede llegar a $100.000. Con esos números, es imposible sobrevivir en Misiones con salarios de hambre».

¿Cuál es el objetivo del Gobierno al inciarles causas y elevarlas a juicio? 

Mónica Gurina: «Lo que vemos es un Gobierno que lleva más de 20 años en Misiones, donde ha instalado fundaciones como el Parque de la Salud, el Centro del Conocimiento o el IFAI, por donde se fugan grandes capitales sin control alguno. Un Estado que no se preocupa por quienes lo sostienen —los trabajadores de la educación, la salud, la red vial, el registro civil— pero que sí monta un aparato represivo contra la protesta.

«El objetivo es claro: poner una mordaza. No solo con persecución y criminalización, sino incluso con leyes provinciales que buscan prohibir las manifestaciones. Quieren que, ante la crisis, no haya protestas.

«Con estas medidas, el Gobierno intenta amedrentarnos, fomentar el individualismo y matar la  solidaridad.  Quieren  que  tengamos  miedo,  que  no  salgamos  a  las  calles.  Que todos piensen: «Total, el problema es solo de algunos dirigentes». Pero cada vez que hablamos, lo decimos claro: cuando criminalizan a Leandro y a mí, es porque salimos a decirle a Rovira y a Milei, que campeaba alambre entre los docentes y las maestras de grado, que los porteros no tienen ropa, que las escuelas se nos caen en la cabeza, que en el comedor te pagan $380 por gurí para que no comas ni medio alfajor.

«Estas medidas están para que más de uno tenga temor: «Si criminalizan a los dirigentes, imaginate a mí, que no lo soy». Pero nosotras vamos a resistir, vamos a presentarnos en la justicia,  pero  esta  respuesta  es  en  términos  colectivos.  Ninguno  de  nosotros  estaría judicializado si no fuera por la lucha de nuestros compañeros en la calle».

¿Qué impacto puede tener en la organización de las y los trabajadores?

Mónica  Gurina:  «Para  nosotros, esto tiene un saldo positivo. Hay una Central que pelea, mientras  otros  se  esconden.  La  CTA  Autónoma  pone el cuerpo en cada lucha, mientras algunos gremios firman acuerdos a la baja y hasta se alían con el gobierno. Para nosotros es un orgullo estar en esta disputa por los derechos de los trabajadores. Algunos lo verán como una debilidad, otros lo exagerarán, pero en lo personal y en lo gremial, es un acierto seguir al lado del reclamo de cada trabajador».

¿Qué causas se les iniciaron y qué consecuencias pueden tener?

Eduardo  Paredes: «A Mónica y Leandro se les inició un proceso por «entorpecimiento del transporte público», un delito con pena baja, vinculado a los cortes de calle durante las protestas  por  mejoras  salariales.  Paradójicamente,  esas  movilizaciones  lograron  que  el Gobierno  accediera  a  negociar  y  otorgara  aumentos.  Ahora,  además,  les  imputan «desobediencia».

«En términos concretos, no van a ir detenidos. El riesgo real es que se asiente un precedente peligroso: judicializar el corte de ruta en el marco de las luchas sociales es gravísimo. Por eso vamos a llevar este caso hasta las últimas instancias, incluso a la Corte si es necesario.

«Misiones  tiene  un  estándar  constitucional  muy  bajo,  con  un  Poder  Judicial  débil  y  un Gobierno que funciona como un unicato desde hace años. Pero será clave el apoyo de todos los gremios a partir de octubre, cuando comience el juicio. Simbólicamente, es importante que esto se resuelva bien, para mandar un mensaje claro: la  criminalización de la protesta no puede avanzar».