El sábado 11 de enero se llevó a cabo una asamblea, convocada por la CTA Autónoma Salta y el Frente Nacional Campesino, con la participación de trabajadores y trabajadoras de diversos sectores y decenas de familias que habitan en la región del Chaco salteño.

Durante dicho encuentro se valoró positivamente la renovación del artículo 9 que prohíbe el desalojo de las familias por un año (hasta diciembre de 2025), y que ya fue promulgado por el gobernador salteño, pero se advirtió sobre la falta garantías una vez que finalice ese plazo.

Las y los campesinos criollos, cuyas familias habitan el lugar desde hace más de 200 años, padecen conflictos con el Estado provincial por la tierra, con órdenes de desalojo y hasta amenazas extrajudiciales en muchos casos.

Además, la asamblea trató el nuevo ordenamiento territorial de bosque nativo, en el marco de la Ley Nacional 26.331, mediante el cual más de 720 mil hectáreas fueron habilitadas para desmontar, teniendo en cuenta que mucho ya fue desmontado previamente de forma ilegal. Esta situación irregular en la tenencia de tierras puede afectar seriamente la vida de cientos de familias indígenas y campesinas.

“Estamos en estado de alerta ante esta situación. Vamos a seguir participando de la mesa de diálogo que existe con el gobierno de la provincia, se van a plantear las inquietudes, pero de ser necesario se planteará un plan de lucha y movilización”, advirtió Benigno López, referente del Frente Nacional Campesino.

A su vez, el dirigente agregó: “Estamos de pie, firmes, en acción, y estamos contentos de trabajar junto a la CTA, lo cual nos fortalece y nos da optimismo. Estamos haciendo un gran esfuerzo por la unidad de todos los trabajadores, para tratar de resistir y luchar por los derechos y los intereses de toda la patria en general”.

En tanto, la representación de la CTA Autónoma, encabezada por el Secretario General de la regional Salta, Julio Molina, y Gabriela Reartes (FeTARA), se hizo presente en el Paraje La Libertad del departamento de San Martín para apoyar a las familias campesinas e informar sobre las graves consecuencias que traen aparejados el DNU 70/23, la Ley Bases y el RIGI para la clase trabajadora.