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La CTA Autónoma de Salta pide una Mesa de Diálogo con el Ingenio San Isidro

Acompañada por la CGT local y otras entidades representativas de la provincia de Salta, las Centrales solicitaron una audiencia de carácter urgente para tratar la puesta en funcionamiento inmediato de una Mesa de Diálogo por el Ingenio San Isidro.
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Lo que piden los trabajadores es que se pague el 50% impago de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos sin causa en 2018, que se cumplan los convenios colectivos así como resolver “la grave y urgente situación socio económica a la que los despedidos fueron unilateralmente condenados”.

Se exige además el cese de las persecuciones, amenazas de despido, sanciones y cualquier represalia contra los trabajadores azucareros.

Por otra parte, denuncian que el Ingenio está ahora militarizado por las fuerzas de seguridad de la provincia.

“Queremos recordar que lo solicitado se ciñe en un todo a las leyes laborales que avalan nuestros reclamos, reservándonos el derecho constitucional a defender los intereses de los trabajadores a través de las medidas sindicales que consideremos pertinentes hasta lograr que los justos reclamos de nuestros compañeros sean satisfechos en tiempo y forma.”, dice la carta que las Centrales le mandaron al gobernador Gustavo Sáenz.

MILITARIZARON EL INGENIO SAN ISIDRO

Desde anoche, las instalaciones de la empresa están llenas y rodeadas de policías armados. La “seguridad” estatal puesta al servicio de intereses privados. La política reemplazada por la amenaza del terror y la violencia.

La respuesta del gobierno de Salta a los reiterados pedidos del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI) para que interceda entre los trabajadores despedidos y los dueños de la empresa finalmente llegó: el Ingenio San Isidro fue militarizado  desde la noche de ayer por fuera y por dentro. De esta manera, el gobierno salteño eligió el camino de la represión, de la violencia y del abuso de poder estatal contra los  trabajadores y las organizaciones gremiales legítimas.

Mariano Cuenca, secretario general del SOEASI, única entidad sindical legal que representa a los trabajadores azucareros de la localidad norteña de Campo Santo, calificó a la actitud oficial como “una vergüenza” y agregó que “la complicidad del gobierno provincial  con la patronal explotadora del ingenio comenzó hace tiempo y para ello usaron como operador de las maniobras  para favorecer a la empresa al ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos, quien también es presidente del PRO salteño”.

El dirigente gremial agregó que “mediante la difusión de mentiras y calumnias contra la dirigencia de nuestra organización sindical e incluso contra el movimiento obrero organizado a nivel nacional, como dicen públicamente los esbirros al servicio de los patrones,  y el despliegue desproporcionado de fuerzas policiales para defender los intereses de un poderoso grupo empresarial privado, el gobierno local mostró su verdadera intención que es gobernar para los ricos en contra de los pobres”.

“Seguimos apostando al diálogo y la negociación franca entre las partes en conflicto, pero la patronal de tinte feudal y sus socios evidentes se niegan a sentarse a hablar con nosotros” señaló Cuenca.

En ese marco de inequidad, los sectores aliados de las grandes patronales pretenden no solamente mantener su condición de amos y señores de toda Salta, vulnerando leyes vigentes y derechos ciudadanos como ya lo están haciendo, sino sembrar el terror para doblegar a la población en su conjunto.

Prueba de ello, es que en vez de acercar a las partes a través de la cartera de Trabajo para lograr un acuerdo pacífico como corresponde en un estado democrático, optan por poner el asunto en manos del Coronel Mayor del Ejército Juan Manuel Pulleiro, titular del  Ministerio de Seguridad de la provincia y abierto y público defensor de las masacres cometidas contra el pueblo en los tiempos de la última dictadura cívico militar.

Finalmente, Mariano Cuenca expresó que “a pesar de estas condiciones  de brutalidad manifiesta, ratificamos nuestra decisión de mantener nuestras propuestas de diálogo y al mismo tiempo nuestro plan de lucha para que la justicia social no sea solamente una frase de campaña electoral . El gobierno provincial tiene dos opciones: la paz social o la barbarie”.

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