CTA

La Corte contra el DNU: “Es una violación a la división de poderes que dicen defender”

El abogado Pablo Kleiman analizó el fallo del máximo tribunal que habilita la autonomía de la Ciudad para evitar la aplicación del decreto nacional que suspende la presencialidad en las escuelas, entre otras medidas de cuidado sanitario.
Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en telegram
Telegram
Compartir en email
Email

Luego de dos semanas, y después de vencido el DNU 241/2021 que suspendió las clases presenciales en el AMBA, la Corte Suprema de Justicia concluyó que “se violó la autonomía” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y avaló la postura del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Pablo Kleiman, abogado e integrante del departamento jurídico de la CTA Autónoma Capital, explicó en Canal Abierto Radio que los DNU están contemplados en el Art. 9 Inc. 3 de la Constitución Nacional, que habilitan al Poder Ejecutivo a emitir disposiciones de carácter legislativo, “solamente cuando en circunstancias excepcionales, hicieran imposibles seguir los trámites ordinarios establecidos por la constitución y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria o electoral, o de régimen de los partidos políticos”. “Es difícil imaginarse una situación más excepcional que la que estamos viviendo”, expresó. 

“El decreto que discutió la Corte, está dictado ‘con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID 19 con el objeto de preservar la salud pública’ es claro el objeto. Sin embargo, en el fallo se habla mucho más del derecho a la educación, que ni siquiera está siendo vulnerado porque no es que no hay clases, simplemente no hay clases presenciales, es una diferencia muy sencilla. Por lo tanto no está en juego ese derecho”, describió

La Procuración también se refiere a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y advierte que aún no alcanza el estado de necesidad para suspender la asistencia a la escuela. Al respecto el letrado remarcó que “la Corte puede no compartir los criterios de oportunidad o de conveniencia del presidente, pero no le puede negar la facultad de tomar estas decisiones, es decir, gobernar”.

El voto de Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, dice que le falta justificación para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial” y sostienen que no hay estudios en el mundo, y que el Poder Ejecutivo tampoco los presentó, que indiquen la incidencia del nivel de contagio en las escuelas. “En vez de presumir la validez presumen la invalidez, porque no se saben, pero la Corte se tomó su tiempo y tampoco llamó a ningún médico para que haga una opinión de eso, y aún así resuelven que, para ellos, no hay contagios en las escuelas”, comentó Kleiman.

“La Corte es el guardián último de las garantías constitucionales y máximo intérprete de la Constitución, y se encuentra obligada a velar porque se respete el sistema constitucional y la división de poderes. Lo dice Rosatti que fue nombrado ministro de la Corte por un decreto. Si creyera realmente lo que está firmando, nunca debería haber asumido”, completa Kleiman.

Escuchá la columna completa:

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en telegram
Telegram
Compartir en email
Email

Noticias relacionadas:

Últimas Noticias:

El secretario general de la CTA, Ricardo Peidro, el adjunto Hugo "Cachorro" Godoy, junto a la secretaria de previsión social Olivia Ruíz, recibieron en la sede nacional de esta capital a referentes y dirigentes del Sindicato de Trabajadores Pasivos, recientemente integrado a la Central.
Gacetilla de prensa a raíz de los malentendidos que se generaron a partir del conflicto que llevamos adelante por el transporte en todo el territorio nacional el día de ayer en marco de la movilización global contra la cubre del G7. En este sentido, queremos aclarar que el corte en Puente Pueyrredón no fue provocado por nuestra organización sino por quienes debían garantizar el operativo y prevenir el asesinato ocurrido en un corte en el interior de la Provincia.
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos en Ecuador denunció en su informe preliminar seis homicidios, 150 detenciones arbitrarias, secuestros, desapariciones temporales, torturas, tormentos, hostigamientos por razones étnicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en la represión de la protesta social en el marco del Paro Nacional .