En el marco de la crisis sanitaria y social de las familias argentinas, y en medio de un desmantelamiento drástico del sistema que motivó la movilización gigantesca del pasado 20 de Mayo en todo el país, necesitamos integralizar la defensa del Sistema de Salud, universal, federal, igualitario y de calidad. Y a la unificación de esta lucha, con el resto de las conflictividades sectoriales, como la Universidad, la de nuestros jubilados y jubiladas, de las y los trabajadores contra la Reforma laboral, la extranjerización y depredación de los bienes comunes entre otras.
NO A LA REFORMA DE LA LEY DE SALUD MENTAL (Ley 26.657)
Desde la perspectiva del Derecho a la Salud Mental y los Derechos Humanos manifestamos un rechazo categórico al regresivo proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657) impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, y actualmente en debate en el Senado de la Nación.
Las reformas propuestas no solo omiten soluciones a los problemas críticos de las personas y el sistema, sino que constituyen una maniobra normativa regresiva que propone modificaciones contraproducentes, la vulneración de las garantías constitucionales, y desplazan la responsabilidad del Estado hacia las familias.
La República Argentina atraviesa una crisis de salud mental real, extendida y en un proceso de agravamiento que impacta de manera directa en la trama social y los vínculos familiares. No se trata de un fenómeno coyuntural, sino de una tendencia consistente caracterizada por los siguientes indicadores críticos:
Aumento de la tasa de suicidios, particularmente en poblaciones jóvenes.
Incremento de los consumos problemáticos y la falta de dispositivos de abordaje territorial.
Prevalencia de conductas impulsivas y crisis subjetivas que tensionan los servicios de urgencia.
Agravamiento de las problemáticas en infancias y adolescencias, sector que demanda intervenciones especializadas que hoy resultan insuficientes.
Estas problemáticas agravan la situación de un sistema de servicios saturado, donde la sobrecarga de los dispositivos, la escasez de equipos de salud y las barreras de acceso derivan en tiempos de espera incompatibles con la urgencia y la dignidad de las personas usuarias.
Es imperativo subrayar que la crisis actual no es consecuencia de la arquitectura de la ley vigente, sino de su insuficiente implementación presupuestaria y operativa. Ante esta realidad, una política pública responsable debería resolver cuestiones fundamentales como la insuficiente cantidad de equipos interdisciplinarios existentes, garantizar la continuidad del Programa REMEDIAR Salud Mental, aumentar el número de de camas de internación en hospitales generales y la implementación de guardias de salud mental las 24 horas para la respuesta inmediata a crisis, y fortalecer la sustitución manicomial mediante el desarrollo y sostenibilidad de viviendas asistidas, dispositivos territoriales de cuidado, Centros Territoriales de Salud Mental Comunitaria y, fundamentalmente, la creación de recursos de apoyo para la vida autónoma.
La modificación propuesta por el gobierno de Milei agrava la crisis y empuja la salud mental al abismo, y además contradice los estándares internacionales de salud mental con propuestas regresivas y arcaicas que expanden la arbitrariedad y discrecionalidad médica, facilitando internaciones involuntarias sin el rigor técnico-jurídico que la protección de la libertad ambulatoria exige.
La exigencia de presencia obligatoria y excluyente de un psiquiatra reconstruye una jerarquía médico-psiquiátrica que anula la perspectiva integral, descalificando los aportes necesarios desde otras disciplinas como la psicología, la asistencia social, la enfermería, etc. En términos de política pública, esto genera la exclusión de abordajes territoriales y comunitarios en tanto que agudiza las barreras de acceso en vastos territorios nacionales donde no hay disponibilidad de estos especialistas, impidiendo intervenciones oportunas.
Volver sobre el concepto de “trastornos mentales” basado en clasificaciones obsoletas en sustitución del concepto integral de «padecimiento mental» se corresponde con la idea de abordajes e instituciones cuya función de control social se traduce en la práctica, en vigilar y disciplinar, sobre todo aplicable a los sectores más vulnerables.
Asimismo, se despoja al gobierno nacional del compromiso de asistencia presupuestaria hacia las provincias, agravando el desfinanciamiento de los últimos presupuestos en Salud desde que asumió el gobierno de Milei, y profundizando las disparidades regionales en el acceso a la salud.
La propuesta del Gobierno, en el marco de la crisis sanitaria y social de las familias argentinas, y en medio de un desmantelamiento drástico del sistema que motivó la movilización gigantesca del pasado 20 de Mayo en todo el país, nos vuelve a instalar la necesidad de integralizar la defensa del Sistema de Salud, universal, federal, igualitario y de calidad. Y a la unificación de esta lucha, con el resto de las conflictividades sectoriales, como la Universidad, la de nuestros jubilados y jubiladas, de las y los trabajadores contra la Reforma laboral, la extranjerización y depredación de los bienes comunes entre otras.
