Este domingo 5 de junio, la Justicia riojana ingresó con una orden de allanamiento al domicilio de la periodista Manuela Calvo y secuestró todos sus elementos de trabajo para impedir que se refiera al caso Arcoíris, donde se denuncia el abuso sexual a una menor de 4 años por parte de su abuelo paterno.

De esta manera, la justicia riojana continúa intentando prohibir la difusión de información y acallar todo lo referido a un caso emblemático que involucra los derechos de las infancias.

Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja difundieron un comunicado donde además recordaron que ésta fue intimada judicialmente hace dos meses para que no se pronuncie sobre dicho caso: “En un claro hecho de censura previa la Justicia riojana le prohibió el estreno de un corto ficcional que hablaba, en general, de casos de abuso sexual infantil y de las revinculaciones forzosas con los denunciados. En aquel entonces también se le ordenó que retire de las redes sociales todo el material referido al caso, disposición que fue cumplida por la comunicadora”.

Desde el Cispren manifestamos nuestro apoyo total a Manuela Calvo y advertimos sobre la gravedad constitucional que implica atentar contra la libertad de expresión y/o de prensa en plena democracia.
La Justicia no puede ser utilizada para intentar acallar las voces que velan por el cumplimiento de los derechos de las personas y, especialmente, como en el caso de Arcoiris, de las infancias. La persecución judicial contra la compañera Calvo no es un hecho aislado, por el contrario forma parte de una manera de operar que tiene el sistema judicial para incumplir su obligación de aplicar la perspectiva de género y que abusa de sus herramientas para beneficiar y perpetuar el patriarcado.