Fue presentada el 29 de septiembre por la ONG suiza CETIM. Se denuncia, ante los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, junto a ATE y la CTA Autónoma Córdoba, el creciente patrón de represión, persecución judicial y criminalización de la protesta social bajo el Gobierno del presidente Javier Milei.