La persecución judicial del Gobierno de Córdoba y el Gobierno Nacional contra el Secretario de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, llegó a los estrados internacionales, cuando la ONG con sede en Suiza CETIM elevó un reclamo ante mecanismos de protección de los derechos humanos de la ONU, para denunciar el acoso judicial y antisindical del Gobernador Martín Llaryora y el Presidente Javier Milei.
Raffaele Morgantini es integrante de la ONG, especializada en derechos humanos. En particular, CETIM está dedicada a la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, y acompañó a Giuliani a llevar su caso de persecución antisindical, por encabezar distintas protestas sociales, para que la ONU se posicione y dicte recomendaciones al Gobierno de Córdoba a los fines de salvaguardar los derechos del dirigente, así como de otros sindicalistas que sufren la represión penal en el país.
A raíz de su larga trayectoria en la materia, CETIM obtuvo el Estatuto Consultivo de Naciones Unidas, que la ubica como referencia para el organismo en esos temas. Y, en consecuencia, accede a todos los mecanismos de protección de derechos humanos y otros órganos de Naciones Unidas.
Ya en enero de este año, Giuliani había realizado una presentación en igual sentido a Organización Internacional del Trabajo (OIT), tratada en el marco del Comité de Libertad Sindical.
“Toda nuestra participación dentro del sistema de Naciones Unidas se hace a la luz de los intereses, de los horizontes, de las necesidades de los movimientos sociales que luchan por un cambio radical del sistema”, asegura Morgantini.
En esta entrevista, el especialista explica las consecuencias de la política abiertamente arbitraria que impone el Gobierno a Giuliani y los posibles efectos de la presentación ante la ONU.
-¿Por qué CETIM se compromete con el caso de Federico Giuliani?
– Nuestra razón de ser es empoderar y acompañar a las organizaciones sociales, a los movimientos, para que accedan directamente a esos mecanismos a los cuales normalmente no tienen acceso porque no tienen ese estatus consultivo en la ONU. Conectamos las luchas territoriales y los mecanismos de Naciones Unidas para elevar a nivel internacional luchas, situaciones de violación y reivindicaciones concretas, para que puedan ser justamente elevadas y logren obtener intervenciones, recomendaciones, toma de posición, denuncia de parte de los órganos y mecanismos de Naciones Unidas, ante violaciones y situaciones graves que no se olviden en la impunidad. Porque a nivel nacional las organizaciones se encuentran con gobiernos corruptos, gobiernos reaccionarios, fascistas por lo que ven sus derechos fundamentales violados.
Es en este marco es que apoyamos a las organizaciones para que denuncien violaciones, para que presenten quejas ante los mecanismos relevantes. Yo entré en contacto con el sindicato porque trabajamos mucho con temas de derechos sindicales, laborales, que también son reconocidos como derechos humanos.
-En la situación que le toca enfrentar a Federico Giuliani con la Justicia en la provincia de Córdoba, la persecución y el acoso judicial se ven claramente como una afectación de los derechos humanos en tanto y en cuanto lo que ejercía el dirigente: el derecho a la protesta.
-El derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica, son todos derechos consagrados por instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular por el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que el Estado argentino ha ratificado.
Esa ratificación impone al Estado argentino obligaciones de respeto a esas normas que están siendo claramente violadas en el contexto argentino actual y en todo lo que es la persecución de Federico Giuliani y de todos los otros líderes sindicales y sociales.
-¿En qué consiste específicamente la presentación que hace ante el Consejo de DDHH de la ONU?
-El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene varios mecanismos que se llaman ‘procedimientos especiales’, que son temáticos. Entonces, cada derecho humano tiene su propio procedimiento especial.
Lo tiene el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, pueblos indígenas, racismo, migrantes, mujeres, derecho a la libertad de expresión, de asociación, protesta. Cada derecho humano tiene su propio mecanismo, conformado por expertos independientes que tienen el mandato de dar seguimiento a la situación de ese derecho específico dentro de los Estados miembros de la ONU. Dentro de ese mandato de seguimiento, de monitoreo del respeto de esos derechos por los Estados miembros de la ONU, esos mecanismos pueden recibir quejas de parte de las víctimas de violaciones de esos derechos.
Entonces, junto a Federico Giuliani y el sindicato, con el apoyo del equipo de CETIM, elaboramos una queja para denunciar esas violaciones. Y hemos presentado esa queja ante mecanismos competentes de dar seguimiento al respeto de esos derechos, en este caso el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación y protesta.
-¿Cuál puede ser el resultado de este reclamo ante la ONU?
-Es importante subrayar que esos son mecanismos no judiciales. Es decir, que las decisiones de los mecanismos no son jurídicamente vinculantes. Pero lo que esperamos obtener de parte de esos mecanismos es un posicionamiento y recomendaciones específicas al Estado argentino, y a las autoridades competentes, sobre la mejor manera de resolver la situación y poner fin a las violaciones que ocurren en el contexto de persecución judicial y antisindical. Al final de todo ese proceso que está en curso, ahora que los expertos independientes están analizando la queja y las alegaciones de violaciones que hemos hecho, los mecanismos del Consejo de derechos humanos de la ONU va a interpelar a las autoridades competentes sobre la base de esas informaciones.
Luego el Estado argentino y las autoridades intervinientes están obligados a responder a la interpelación.
-¿El planteo tiene alcance concreto al Gobierno de Córdoba?
-Si, los mecanismos van a ser recomendaciones concretas al Gobierno cordobés sobre cómo respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos, porque en este momento no está respetando sus obligaciones.
Nuestro objetivo es que al final de este proceso, que se va a expresar a través de un documento público, salgan recomendaciones que estén alineadas a nuestras propuestas, porque en la queja nosotros hemos puesto muy claramente qué son las reivindicaciones, qué es necesario que las autoridades hagan para poner fin a las violaciones y respetar los derechos humanos de Federico, del sindicato y de todos los sindicalistas. Entonces, esperamos que los mecanismos puedan seguir nuestra narrativa y hacer un planteamiento y una interpelación acorde a las necesidades y reivindicaciones del sindicato.
