El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, el jefe de gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de trabajo, Walter Correa, recibieron este miércoles a una delegación de FOETRA encabezada por el secretario general, Claudio Marin, el secretario de Nuevas Tecnologias y miembro de la conducción nacional de la CTA Autónoma, Luis Alberto Zás, el ex funcionario y especialista en arquitectura digital, Emanuel Yafrott, el ex director obrero de ARSAT, Carlos Andrenacci, y el delegado de la comisión interna de ARSAT y especialista en innovación, Ezequiel Mcgovern.

En esa reunión se presentó una propuesta para las telecomunicaciones y la infraestructura digital para la Argentina que tiene a la empresa ARSAT (representada por Foetra) como el actor principal para un un proyecto soberano que pueda llevar a cabo un futuro gobierno popular.

La idea central tiene que ver con el desarrollo de la soberanía digital, que significa que el Estado pueda guardar sus datos y a través de ellos construir conocimiento estratégico sin depender de terceros, y decidir reglas propias. “Sin infraestructura propia, el Estado no regula: pide permiso”, indicaron, y alertaron sobre los datos de organismos públicos alojados en servidores extranjeros, y el riesgo de perder propiedad y confidencialidad por corte del acceso.

Asimismo se abortó que con el proyecto del gobierno de Milei de Gemelos Digitales ya se cruzan datos de ANSES, impuestos y salud para perfilar y predecir comportamiento ciudadano, con tecnología extranjera y sin ley que lo regule. Entonces aparece la disyuntiva entre la infraestructura de terceros y ciudadano-objeto de predicción vs. Infraestructura propia con reglas claras y ciudadano-sujeto de derechos.

Los cuatro ejes del plan son: Infraestructura y soberanía (redes, datos, nube, IA propias); Producción y competitividad; Inclusión y desarrollo humano; Trabajo, empleo y capacidades

La estructura institucional incluye a ANID (Agencia Nacional de Infraestructura digital): coordina, pone reglas y estándares; ARSAT: opera (redes, satélites, centros de datos, nube soberana); Consejo Federal: integra a las provincias por acuerdo, no imposición; Producción nacional: ARSAT, INVAP, INTI, CNEA  y Fabricaciones Militares (entre otras)  fabricarían localmente lo que hoy se importa (satélites, redes, equipos), generando empleo calificado y capacidad propia.

Con respecto a la provisión de energía modular nuclear central para el funcionamiento de los Data Center se le solicito al gobernador evitar el desguace del proyecto CAREM de la CNEA. Asimismo se plantea como decisión de diseño, no consecuencia automática —, generando empleo con reglas, formación y reconversión laboral; e impactando en aplicaciones concretas: educación, salud (historia clínica única), trámites, pymes, cultura, campo, seguridad.

Se prevé la creación de un Big Data Nacional que tenga como objetivo integrar información territorial, productiva, energética, sanitaria, educativa, científica, laboral y de infraestructura para que el Estado pueda diagnosticar, anticipar y planificar. Y ahí aparece una diferencia política fundamental con el modelo de las plataformas: ellas extraen datos de la sociedad para producir conocimiento privado; el Estado podría utilizar los datos públicos —con garantías de privacidad, anonimización, legislación y control— para producir conocimiento estratégico de interés público.

Se trata de infraestructura digital inclusiva: conectar no solamente personas, sino territorios, instituciones y capacidades productivas.

ARSAT y regulación de plataformas: disponer de infraestructura y conocimiento propios para comprender, auditar y regular a quienes hoy concentran datos, algoritmos y capacidad de procesamiento.

ARSAT como nodo estatal: integrar las capacidades de CNEA, CONAE, INTA, INTI, INVAP, Astilleros y otros organismos para que sus datos y conocimientos no permanezcan como compartimentos aislados, sino que puedan alimentar una inteligencia pública nacional.

La soberanía digital no consiste solamente en que los datos argentinos estén almacenados en servidores argentinos. Consiste en que Argentina tenga la capacidad de convertir sus datos en conocimiento propio para decidir sobre su territorio, mejorar su producción, ampliar derechos de los trabajadores y ciudadanos, ampliar y mejorar servicios públicos y construir un futuro inclusivo.