El debate en torno al proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» impulsado por el gobierno de Javier Milei ha encendido todas las alarmas. Para las comunidades originarias y las organizaciones de trabajadores, esta iniciativa es, en realidad, el vehículo legal para consumar la extranjerización definitiva del suelo argentino.

Estamos en plena construcción de un gran frente político que impida la derogación de una ley que protege al país de la extranjerización de su tierra y que logramos en el 2011: la Ley de Tierras (Ley 26.737). Esta norma protege el dominio nacional sobre la propiedad y posesión de tierras rurales, limitando la compra a ciudadanos y empresas extranjeras a un 15%. Aunque ya había compras que superaban ese porcentaje (como sucede, por ejemplo, en 36 departamentos provinciale), esta ley se construyó con la participación amplia, el debate democrático y el aporte de los pueblos originarios. Ahora vemos con extrema preocupación que esta nueva ley de extranjerización que se quiere promulgar no ha sido ni siquiera debatida previamente con las partes afectadas.

A pesar de eso, hemos visto en este último tiempo cómo ha crecido la participación en las provincias y en los territorios. El pueblo empezó a movilizarse porque este tema preocupa profundamente, y las comunidades originarias han participado activamente en reuniones asamblearias, manifestaciones y movilizaciones en la calle.

¿A quién considera que está verdaderamente destinada esta nueva normativa? Nosotros sabemos muy bien lo que está sucediendo, lamentablemente, con este gobierno que primero y principal sentimos como que no quiere a este territorio. En ese sentido, se está habilitando la extranjerización del suelo para las grandes empresas multinacionales y los negocios que quieren hacer sobre grandes extensiones de nuestro país. Buscan quedarse con lugares estratégicos donde hay agua, litio, minerales y petróleo, con el agravante de que hasta ahora también existían límites estrictos en las provincias que son fronterizas.

Para los pueblos originarios, el cuidado de los acuíferos y del territorio no significa que nos opongamos al desarrollo de los minerales, sino que exigimos responsabilidad y acuerdos con la ciudadanía.

Por ejemplo, en Neuquén tenemos grandes extensiones como el departamento de Lacar, en el que el 50% ya está extranjerizado. Vemos con gran preocupación que, si dejamos entrar a los grandes capitales sin freno, ya no seríamos la Argentina. Tenemos nuestras dificultades como país, pero son nuestros problemas y los debatimos; creemos que la construcción de un debate consensuado es lo único que puede fortalecer verdaderamente la democracia.

Frente a estos reclamos, desde el oficialismo se suelen minimizar los impactos con frases como la de la senadora Patricia Bullrich, quien se preguntaba: «¿A quién le molesta que un extranjero se compre dos departamentitos?».

Para el pueblo mapuche, la ministra Bullrich ha sido nefasta porque nos persiguió inventando una teoría conspirativa contra un pueblo originario, poniéndonos como enemigos, y esa confrontación causó muertos en las comunidades. Mientras corrían detrás de los mapuches, por otro lado regalaban un montón de tierras, hacían negocios y protegían a un usurpador como Joe Lewis, apropiador de un lago donde nadie puede entrar.

El peligro es justamente ese: un territorio donde va a haber tranqueras, va a haber propiedad privada donde no se va a poder pasar y ni vamos a poder disfrutar de este hermoso territorio.

Patricia Bullrich además pone como enemigos a los hermanos que vienen del interior del país y de los países limítrofes, diciendo que los enemigos son los peruanos o los bolivianos, olvidándose de que nuestra Constitución Nacional abraza a todo aquel que quiere poblar el territorio siempre que cumpla las leyes de nuestro país.

Por otro lado, te dejan grandes extensiones desérticas por la sobreexplotación. Pero afortunadamente hay una gran parte de la población de nuestro país que es consciente de esto y por eso estamos trabajando codo a codo con las organizaciones asamblearias y ambientalistas que aman a sus provincias porque la identidad argentina es muy sentida.