Hugo “Cachorro” Godoy y Antonio Marcilese, Director de Políticas Soberanas de la CTA Autónoma e integrante del Cecim La Plata representaron a la Central en la antesala del 6 de agosto cuando se debate en el Congreso la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Dos días antes de que se debata en el Congreso la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada que pretende modificar la ley de tierras, el diputado Luis Basterra de Unión por la Patria Formosa, organizó en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, una reunión informativa denominada Soberanía y Arraigo: Riesgo de desplazamiento de productores nacionales ante la reforma de la Ley de Tierras con el objetivo de poner en común los riesgos de extranjerizar aun más los bienes comunes.

“Estamos llevando adelante un plan de lucha federal y este 6 nos vamos a movilizar para que no se modifique la Ley de Tierras. Convocamos a un estado de movilización permanente para defender la Constitución Nacional. Acá se está poniendo en juego la soberanía: hay una clara intención de entregar patrimonio para fracturar y balcanizar a la Argentina”, dijo Cachorro Godoy en la reunión.

“Intentan llevar adelante transformaciones estructurales para que después no puedan desarmarse en un fututo gobierno. Esperamos que con estas leyes podamos hacer lo que hicimos con las de Obediencia debida y Punto Final: no solamente derogarlas sino anularlas”, agregó el dirigente.

“Quiero recordarles a los senadores y a los diputados que tienen que debatir y votar esta ley de inviolabilidad de la tierra, que ya tienen una ley que está vigente desde 2011. No necesitamos vender nuestro patrimonio ni nuestra soberanía. No podemos vender las fronteras ni los lugares donde tenemos bienes comunes. Detrás de esta ley está escondido algo más, como la venta de nuestros mares”, señaló Antonio Marcilese Marcilese, Director de Políticas Soberanas de la CTA Autónoma e integrante del Cecim La Plata.

“Nosotros como Cecim La Plata pusimos una cautelar para que esta ley no salga, por eso necesitamos movilizarnos para volver a decir que la Patria no se vende porque ya tenemos vendidas 13 millones de hectáreas que equivale a la provincia de Santa Fe”, subrayó Marcilese.

La actual establece ue las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal o departamental. Dentro de ese porcentaje, los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30%. La ley también restringe a mil hectáreas la superficie que puede obtener un mismo titular extranjero. Además, limita la compra de inmuebles rurales que tengan en su interior o limiten con cursos de agua y con zonas de seguridad de frontera.

El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, precisó que más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino se encuentran en manos de propietarios extranjeros. Esa superficie representa cerca del 5% del territorio nacional y tiene una extensión comparable con la de Inglaterra. Pero la preocupación no se relaciona solamente con la cantidad de hectáreas sino a que muchas de las tierras están en áreas de frontera, en territorios cordilleranos con recursos minerales, en regiones cercanas al río Paraná, en reservas de agua dulce y en zonas de bosques nativos.