La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 como resultado de un amplio debate social, parlamentario y jurídico y su objetivo principal es proteger las reservas estratégicas de agua dulce que hacen posible la vida. Si se modificara, explicaron las organizaciones, se daría paso a la megaminería en esas zonas lo que llevaría a la pérdida del agua almacenada en ellos. Y es que los glaciares y el ambiente periglacial almacenan y regulan el agua de cuencas, humedales, ecosistemas y comunidades. En un contexto de crisis climática, proteger los glaciales es aun más imprescindible.

“Nos quedamos sin agua si nos sacan los glaciares, no podemos cultivar en el campo. Cualquier cosa que toques en la naturaleza es un golpe a la vida. En el fondo estamos peleando por la vida porque está en juego la vida”, dijo Sergio Val, director de Políticas Ambientales de la CTA.

Silvia Ferreyra, de la Campaña No a Mekorot y de Basta de falsas soluciones dijo: “estamos siempre en defensa del agua por eso estamos acá, en todo el territorio del país, ante el anuncio del inicio del debate en el Congreso de la reforma laboral y de la modificación a la ley de glaciares. Ambos temas promovidos por las empresas mineras, reclamadas por las multinacionales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos que desde hace año vienen intentando las dos cosas».

La Ley 26.639 es una herramienta central de política ambiental y de gestión del agua a escala nacional, ya que prohíbe actividades que puedan alterar la dinámica natural, la integridad física o la función ecosistémica de los glaciares. Entre ellas, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de cualquier obra de infraestructura que implique su destrucción o desplazamiento.

Beverly Keene, de Jubileo 2000, agregó: “Sin agua no hay vida y eso que a veces, desde la ciudad no se ve, es absolutamente fundamental para nuestras vidas, que los glaciares y las áreas periglaciares se protejan. El objetivo de modificar la ley es muy inmediato: necesitan divisas para pagar la estafa de la deuda. Por eso es tan importante que desde todos los sectores defendamos la ley y exijamos la suspensión y la investigación de la deuda porque es una cuestión de vida y no podemos dejar que la deuda siga sometiéndonos”.

En su documento conjunto, las organizaciones señalaron el papel del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en la implementación de la Ley y en la conservación de los glaciares.

Tal como lo explica también el sociólogo José Seoane, especialista en extractivismo, también presente en la movilización: “no hay nada natural en la crisis climática. El negacionismo climático persigue bloquear todo intento de intervención social, de regulación estatal pública sobre las grandes corporaciones empresarias vinculadas a la industria fósil. Y también, al plantear como natural estos procesos, proponer la resignación, la adaptación, la llamada resiliencia o supervivencia”.

El documento explica además que esta ley, que se pretende desguazar, la 26.639, vetada en el 2008 y recuperada luego en el 2010 tras grandes luchas, procura evitar la aceleración del derretimiento de las reservas de agua dulce, frente al aumento de temperaturas y también su deterioro, contaminación y saqueo a partir de diversos procesos industriales extractivos. “La explotación minera e hidrocarburífera en las zonas glaciares y periglaciares no sólo saquea nuestros bienes naturales, no renovables, sino que se apropia y contamina de forma irreversible nuestras reservas de agua dulce contribuyendo a la acelerada desertificación del país y a la expulsión de las comunidades que la habitan hace milenios, haciendo imposible la actividad agraria y sus industrias derivadas, así como la vida misma definitivamente atada a la existencia de este bien común que es el agua”.

Y continúa: “Así la destrucción y/o contaminación de las zonas periglaciares convierte a nuestros territorios en zonas de sacrificio y expulsión a favor del saqueo de nuestros bienes no renovables y la contaminación irreversible de nuestra agua. Razón por la cual pueblos enteros de la cordillera se han levantado en defensa del agua, como sucede en estos días en Mendoza, contra el proyecto minero San Jorge”.

En definitiva, explican, el gobierno presenta en el Congreso un conjunto de políticas dirigidas a extraer y expropiar la fuerza laboral de los y las trabajadoras, tanto como nuestras riquezas naturales no renovables y nuestra agua, haciendo inviable el sostenimiento de la vida y destruyendo el equilibrio de nuestros ecosistemas, para entregarlos al saqueo.

“Por eso, siguiendo el ejemplo de las grandes movilizaciones que lograron plantarse ante este mismo gobierno en defensa de la Universidad Pública, de la Salud y en particular de la histórica pelea de las y los trabajadores del Hospital Garrahan, de los y las jubiladas, de las personas con discapacidad, convocamos a la comunidad toda a decirle NO A LA REFORMA LABORAL, NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE GLACIARES. Invitamos a sumarse y organizarse en defensa de nuestra dignidad, en defensa del agua y de la vida misma”, concluye el documento.

Ver el documento completo: Defendamos los derechos de los y las trabajadoras y nuestros bienes naturales (1)