Según el informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación (CIyF) de la AJB, es urgente elevar la participación presupuestaria al 5% del total provincial y recuperar el 7% histórico alcanzado en los años 80.

En el trienio 2021-2023, el presupuesto judicial cayó por debajo del 4%, lo que se traduce en oficinas colapsadas, salarios deteriorados y un acceso a la justicia cada vez más restringido.

En los fueros laboral y de familia, las causas crecieron entre un 250% y un 600% en los últimos años, mientras que la dotación de personal apenas aumentó. En algunos departamentos judiciales los juzgados están al borde del colapso.

Para 2026, el presupuesto proyectado alcanza 2,49 billones de pesos, de los cuales el 95% se destinaría a salarios. Sin embargo, la AJB advierte que esto no resuelve los problemas estructurales: falta de personal, deterioro edilicio y pérdida del poder adquisitivo.

Además, el informe denuncia una grave inequidad previsional: lxs jubiladxs judiciales perciben entre un 55% y un 63% del salario activo, cuando deberían cobrar entre el 70% y el 80%.

“Sin presupuesto no hay justicia posible”, sostiene la AJB, que reclama una agenda de recuperación presupuestaria con recomposición salarial, cobertura de cargos vacantes, apertura de nuevas dependencias y extensión de derechos previsionales.

La discusión sobre el presupuesto no es técnica, es política: está en juego el derecho de la ciudadanía bonaerense a una justicia eficiente y el reconocimiento de los derechos laborales de quienes la hacen posible.