La Secretaría de Derechos Humanos de la CTA, que la lidera Adolfo Barja, y la Dirección de Migrantes de la Central, a cargo de Santiago Vestfrid, analizó en profundidad las implicancias del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, el cual ha generado controversia al modificar cuatro leyes nacionales clave: Ley N° 25871 de Migraciones; Ley N° 24521 de Educación Superior; Ley N° 26206 de Educación Nacional; y Ley N° 346 de Ciudadanía.
Modificaciones y críticas:
- Negación de derechos esenciales: Migrantes con situación migratoria regularizada ven limitados sus derechos.
- Arancelamiento de servicios públicos: Salud y educación pública superior se vuelven aranceladas para personas sin residencia permanente.
- Ampliación de causas de impedimento: Se amplían las causas para impedir el ingreso o expulsar a personas del país, vulnerando el principio de inocencia y libertad de pensamiento.
- Vulneración del derecho a la reunificación familiar: Se afectan los derechos familiares de los migrantes.
- Trabas al acceso a la radicación permanente: Se exige demostración de medios económicos suficientes.
- Limitaciones al acceso a la ciudadanía: Se restringe el acceso a la ciudadanía a residentes que no sean «inversionistas».
- Transferencia de facultades: Se otorgan facultades al Poder Ejecutivo para otorgar ciudadanía y disponer expulsiones, vulnerando la Constitución Nacional.
- Retención de personas migrantes: Se permite la retención de personas migrantes antes de resoluciones definitivas, afectando el debido proceso y violando claramente los derechos humanos.
Implicancias:
- Inconstitucionalidad: El DNU es inconstitucional por exceder las facultades del Poder Ejecutivo y vulnerar derechos y garantías constitucionales.
- Impacto en la sociedad: Las modificaciones podrían generar un impacto significativo en la sociedad argentina, especialmente en sectores vulnerables.
