El conflicto comenzó cuando el poder judicial, por mandato del poder político de Jujuy y de empresarios del sector turístico, ordenaron el desalojo de familias de la comunidad Cueva del Inca en el departamento de Tilcara y de la localidad de Yala. Esto determinó una respuesta de las comunidades indígenas en solidaridad con las familias que se movilizaron en defensa de este nuevo intento de apropiarse de tierras aborígenes.

El secretario General Adjunto de la CTA Jujuy y Coordinador Provincial del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, Jorge Angulo, explicó las motivaciones económicas detrás del intento de desalojo: «El problema es con los empresarios del hotel Canto del Viento, terratenientes de esos lugares y adquirieron de manera ilegal estas tierras que son de las comunidades. Por ello es que denuncian a un hermano de la comunidad de Cueva El Inca, ordenan el desalojo y quieren ocupar ese lugar donde está un lugar comunitario y el salón donde se reúne la comunidad».

El interés hotelero choca con la resistencia de las comunidades. «Estos lugares  tienes muchísima  historia de lucha y esta comunidad tiene 14 denuncias por defender sus lugares ancestrales  con el municipio, con los terratenientes, en reclamo del acceso al agua, de la luz, y por muchos otros problemas que vienen arrastrando por décadas.», reseña Angulo.

El sitio, además, con el apoyo de abogados y presentaciones legales, la comunidad ha logrado frenar el desarrollo por 48 horas pero ese plazo está vencido. Un dato importante es que en la zona hay registros históricos con presencia de restos arqueológicos y lugares ceremoniales muy antiguos sobre los que se quiere imponer el interés económico de las empresas.

«Esto se debe resguardar ya que están protegidos por leyes nacionales e internacionales. La comunidad se ha declarado en permanencia y resistencia, haciendo un llamado a todos,  instituciones, organismos de derechos humanos y comunidades a acompañar la defensa de estas tierras y el respeto a sus legítimos dueños.», señaló el dirigente jujeño.

La amenaza de uso de la fuerza pública para el desalojo fue comunicada y defiende, en definitiva,  los intereses de los empresarios Carlos Gustavo Vásquez y Simona Natividad Cruz del complejo hotelero Canto del Viento. Esto sucede mientras que, además de los derechos fundados en su presencia ancestral, la comunidad cuenta con personería jurídica (001102/001311_BS_200), carpeta Técnica resolución del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (E-INAI-50.170).

Desde el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) denunciaron a la jueza Liz Valdecanto ante la Corte Suprema de Jujuy por «impedir en derecho de defensa» a la comunidad, solicitando además que deje sin efecto la orden de desalojo.