Los gremios estatales consideran la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional como un «retroceso» y una pérdida de derechos, que lleva la situación del sector trabajador a las condiciones de precarización de hace más de un siglo atrás, y por ello reclaman a los legisladores nacionales que voten en contra.

La Mesa Intersindical realizó una asamblea abierta y batucada en el hall de Casa de Gobierno, en el marco del debate nacional por la reforma laboral. La actividad fue anunciada luego de la conferencia realizada ayer miércoles en el salón de Luz y Fuerza, donde los gremios reiteraron su rechazo al proyecto que se discute en el Congreso, y coincidió con la firma del presidente Javier Milei para su envío a la Cámara legislativa.

Las organizaciones sindicales señalaron que la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional implica un retroceso en derechos laborales y advirtieron que podría afectar la jornada laboral, el régimen de horas extras, la acción sindical y el derecho de huelga. Además, expresaron preocupación por el impacto que la reforma tendría sobre los trabajadores de plataformas y sobre los vínculos laborales en municipios y organismos estatales.

Julio Acosta, Secretario General de Luz y Fuerza La Pampa y Secretario General de la FeTERA (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina ) consignó desde Casa de Gobierno  que «desde afuera se exigía la reforma jubilatoria y se venían reclamando cambios estructurales en este país que nos afectan profundamente a los trabajadores. Hoy, después de dos años de un gobierno de ultraderecha, vivimos una situación de mucha penumbra y sufrimiento: cierran empresas, los salarios están estancados, el salario mínimo y el salario móvil son muy bajos, y los cuidados no están garantizados por las leyes».

«Esas son las condiciones que estamos atravesando. Pero además, la reforma laboral nos ofrece un futuro aún más oscuro: derechos que hoy tenemos —un salario relativamente seguro, vacaciones, protección básica— dejarían de estar garantizados. El Gobierno nacional impulsa el despido de decenas de miles de trabajadores públicos en todo el país, el cierre de organismos estatales y el vaciamiento de áreas esenciales, mientras se desmantelan políticas públicas y se persigue a quienes dependen del Estado para sostener tareas de cuidado, educación o asistencia», describió.

Acosta añadió: «Nos dicen que tengamos esperanza, pero todas las medidas que toman van en contra de los sectores populares. Las decisiones benefician a unos pocos, mientras a los trabajadores públicos no se les autoriza un aumento superior al 1,2%, y se propone reducir salarios incluso a quienes ya viven en la precariedad. A quienes acumulan riqueza en forma extraordinaria no se les exige ningún esfuerzo adicional; no se les suben los impuestos ni se regulan sus ganancias».

«Para el gobierno, todo está subordinado a cumplir con el déficit cero, pero nunca a favorecer a los sectores más afectados. Ese es el trasfondo del problema. Y encima nos dicen que tenemos que apostar al futuro.”.

Finalmente, Julio Acosta arengó a los participantes de la asamblea: “Tenemos que tener un debate fraterno con los compañeros que han permitido esto. Tenemos que convertirnos todos en militantes por la vida».

Durante la convocatoria, los dirigentes habían remarcado la necesidad de «debatir colectivamente» el alcance de la reforma y evaluar nuevas medidas en defensa de los derechos laborales. La Intersindical difundió un documento en el que plantea que el proyecto constituye «la avanzada más profunda desde la dictadura» para precarizar el trabajo y desarticular la organización gremial.

La Intersindical difundió esta semana un extenso documento político-sindical, en el que denuncia que en los últimos dos años el Gobierno nacional «viene descargando duros golpes a la mayoría de las y los trabajadores y los sectores populares», mediante un plan económico que «agrava todos nuestros males» y que solo se sostiene «con el salvavidas de plomo de los yanquis, del FMI y de las exportadoras».

El texto afirma que el Ejecutivo impulsa un paquete de reformas laboral, impositiva y previsional que busca «dar sustento legal» a una política de ajuste, entrega y represión, y acusa al Gobierno de pretender «la superexplotación de los obreros, el desguace de la organización sindical y la legalización del trabajo en negro».

La Intersindical sostiene que el borrador de reforma laboral ingresado al Parlamento es «una despedida al Derecho del Trabajo» y «la demolición de la Ley de Contrato de Trabajo», la avanzada «más ambiciosa desde la Dictadura» para consagrar la precarización.

Entre los puntos más controversiales señalados en el documento, destacan:

-Eliminación del artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, que reconoce derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores.

-Fin de la relación de dependencia mediante la figura del «falso autónomo», facilitando que empleadores deriven a su personal al monotributo.

-Derogación de artículos que permiten perseguir a los verdaderos responsables en casos de fraude o insolvencia societaria.

-Exclusión de repartidores y trabajadores de plataformas de la Ley de Contrato de Trabajo, consolidando la «uberización total».

-Despidos más baratos, con reducción de indemnizaciones y habilitación de fondos de cese.

-Limitaciones al acceso a la Justicia, penalizando a quienes reclaman más de lo que el juez considere adecuado.

-Cambio en la base de cálculo indemnizatorio, excluyendo aguinaldo y variables.

-Restricciones al derecho de huelga, con ampliación de servicios esenciales y creación de «actividades trascendentales».

-Derogación de estatutos profesionales históricos, como los de periodistas y viajantes de comercio.