Reforma Previsional, un Ajuste a Medida del FMI

Bajo la fachada de una reforma, lo que esconde el anuncio presidencial en materia previsional es un fenomenal ajuste que recaerá sobre las espaldas de todos los trabajadores, jubilados y pensionados y un recorte de derechos a futuro para los trabajadores activos.

 

Lo que el Gobierno intenta hacer aparecer como una Reforma Previsional no es otra cosa que un Plan de Ajuste que nuevamente delineó el FMI en su visita a la Argentina en Marzo de 2016. Por este motivo, decimos nuevamente, que es una reiteración del Modelo de Seguridad Social que el FMI y el Banco Mundial vienen sosteniendo desde los años 90 en una serie de países, incluido la Argentina. Ya conocemos sus consecuencias y sabemos que tienen su ejemplo más dramático en Chile quien adoptó de manera plena el modelo fondomonetarista allá por los años 80 en plena dictadura de Pinochet y que a la fecha nunca pudo mostrar un jubilado en condiciones dignas bajo el sistema de la capitalización individual.

 

En la reciente visita del FMI a la que hacíamos referencia, el mencionado organismo establece en uno de sus apartados dos cuestiones básicas. La primera, reducir lo que ellos denominan “gastos” en materia de Seguridad Social que hoy ronda en el orden del 9% del PBI al 3,5 o 4 % del PBI y reorientar el Sistema de Jubilaciones a un sistema de Capitalización Individual en detrimento del único sistema posible que es el de Reparto basado en la Solidaridad y la Universalidad.

 

Cómo se logra eso sin hablar de ajuste, pero haciéndolo? Simple, hablando de la necesidad de lograr “sustentabilidad” en el Sistema de Jubilaciones y Pensiones. La “sustentabilidad” en términos del FMI es plantear que el sistema debe ser financiado sólo con aportes y contribuciones. Instrumentar esto significa reducir en nuestro caso un 57% los fondos que hoy se destinan al pago de Jubilaciones y Pensiones que provienen por la vía de impuestos y, en consecuencia, reajustar los haberes a la baja dado que la masa salarial a redistribuir va a ser infinitamente menor.

 

Paralelamente es necesario lograr un reducción de personas que accedan al beneficio como otra variante en ese esquema de reducción del “gasto”, razón por la cual se estaban generando estas condiciones antes de los anuncios previstos. Por caso las moratorias que permitían el ingreso al sistema a trabajadores que contaban con la edad pero no con la cantidad de aportes, fueron eliminadas. A su vez, el aumento de la edad en la mujer a partir de lo establecido en la llamada Ley de Reparación Histórica son medidas que limitan el ingreso al Sistema de nuevos Beneficiarios o lo dilatan en el tiempo. En consecuencia, entre ambas medidas (disminuir la cantidad de nuevos jubilados y así pagar menos beneficios), dará como resultado el mencionado “ahorro” por parte del gobierno.

 

En segundo lugar, y ante la imposibilidad hoy, luego de lo que significó la estafa de las AFJP de plantear un esquema único de Capitalización, como lo tiene el antes mencionado Modelo Chileno,  el FMI “recomienda” orientar el sistema previsional a un esquema de tres pilares, que privilegie en definitiva, el pilar de capitalización.

 

Así, el planteo del FMI y el Banco Mundial es un Sistema con un primer pilar de carácter Universal, que no de casualidad ya fue creado a la hora de sancionarse la Ley de Reparación Histórica a partir de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), no ligado a la capacidad de aportes y que en la práctica significa un 80% de la Jubilación Mínima. Es decir, el primer Pilar constituye ya una sub categoría que está por debajo de la mínima.

 

Un segundo pilar está ligado a los aportes y contribuciones bajo la lógica del reparto solidario y que se convertiría en un equivalente hoy de lo que es la Jubilación Mínima. Y un tercer pilar de capitalización individual para aquellos trabajadores de mejores salarios, atractivo ante un Sistema de Reparto totalmente desfinanciado que incluso otorgaría la posibilidad de desgravar impuestos a las ganancias de los aportes efectuados a dicho pilar de capitalización.

 

Cabe recordar que como nada es novedoso en el Neoliberalismo, alguna vez este esquema de tres pilares ya fuera planteado e intentado implementar. Éste quedó expresado en el denominado “Libro Blanco de la Seguridad Social” formulado por el Ministerio de Trabajo en la gestión Camaño allá por el 2002 y que desde la CTA rechazáramos de manera categórica.

 

Por último, en esta vía de reducción del gasto el gobierno plantea una modificación a Ley de Movilidad.

 

Esta ley de características pro cíclica, dado que acompaña los ciclos de la economía, está basada en un cálculo porcentual para aplicar a la Jubilación ligada al aumento de Salarios y la Recaudación Impositiva. En ciclos económicos favorables, este cálculo vino beneficiando y aumentando sistemáticamente la Jubilación Mínima y, por ende, elevando la tasa de sustitución en camino al ideal del 82%, el cual llegó a estar en valores del 74%.

 

Ahora el gobierno pretende alterar esa fórmula sujetando la actualización solamente a partir del índice de inflación. Esto significa, en primer lugar, congelar el haber previsional, eliminar la lógica de progresividad ascendente y que la Jubilación Mínima se mueva acompañando la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad. Paralelamente, y no menos importante para el FMI, reducir la tasa de sustitución, condición esta necesaria para impedir que dicha tasa no supere el 35% que es el porcentaje de restitución que se estima puede garantizar un sistema de capitalización.

 

En segundo orden con esta medida el gobierno también pretende “ahorrar” más de 100.000 millones de pesos al año con el objeto, como dijimos, de reducir del 9% del PBI al 3.5 / 4 % que es lo que el Fondo Monetario sugiere como porcentaje del PBI aplicable a la Seguridad Social y que significarían la perdida para cada beneficiario de un promedio de $ 1.000 para el año 2018.

 

Para finalizar, corresponde hacer una consideración acerca de cómo el gobierno puede seguir llevando adelante este Ajuste aun sin consenso en el Parlamento.

 

La denominada Ley de Reparación Histórica Ley 27.260 en su Art. 2 dice: “Declárase la emergencia en materia de litigiosidad previsional, a los únicos fines de la creación e implementación del programa dispuesto en la presente ley, con el objeto de celebrar acuerdos en los casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado.”

 

Sabido es que las emergencias implican la transferencia del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo la facultad de legislar. Ante esta situación, y mediante una interpretación forzada de dicho artículo, no es improbable que el gobierno decrete cambios por caso, el cálculo de la antes mencionada formula de movilidad alterando así la ley sin pasar por el parlamento o que pueda establecer, como ya lo hizo para la mujer, el aumento de la edad jubilatoria en los hombres utilizando el engañoso argumento de que es voluntario.

 

Decimos que es engañoso ya que se establecerá una opción falsa para elegir, dado que en una economía en recesión, alto nivel de desempleo y futuro incierto en materia previsional, nadie optaría por jubilarse pudiendo continuar, y el gobierno utilizará así esta situación como un hecho que demuestre  la masiva aceptación que luego permitiría entonces legalizar la medida.

 

Paralelamente, y con escasa o nula difusión, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo creo, mediante la Resolución 188-E, una Comisión de “expertos” con el objeto de crear un Código de la Seguridad Social. No es impensable que a caballo de la “emergencia” y de la mano de la Comisión de “expertos” viéramos en un futuro transformaciones que direccionen al Sistema en rumbo antes señalado.

 

También se debe señalar algo que no es menos preocupante. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), reaseguro del Sistema y que hoy es poseedor de una cartera en pesos de 1.089.423 y de una cartera en dólares de 62.096 y fruto también de la Ley de Reparación Histórica, ya no está blindado y, en consecuencia, la facultad para disponer la venta de sus títulos y acciones está en manos del Director Ejecutivo de ANSES y no ya en el Parlamento.

 

Esta situación es clave, pues permite al gobierno con una mayor arbitrariedad efectuar operaciones de lo que denominamos “restitución patriótica” de los títulos y acciones como lo son los del Grupo Macro, Pampa Energía, Telecom, Grupo Clarín, Cablevisión, IRSA, Edenor, Metro Gas, Siderar y Gas Camuzzi, entre otros que el FGS posee fruto de la re estatización de las AFJP, y que son condición y compromiso de este gobierno de CEO´s para su restitución a las empresas.

 

En síntesis, creemos necesario e imperioso introducir en la agenda de los debates el rumbo y futuro de la Seguridad Social a partir de premisas claras. La Seguridad Social es un Derecho Humano Fundamental, así lo definen los convenios internacionales como el 102 de la OIT y al cual Argentina suscribió. Nuestra Constitución en su artículo 14 bis establece que el Estado es el garante final de la Seguridad Social. Desde esa premisa reafirmar que la misma sólo puede llevarse adelante con Sistemas basados exclusivamente en la lógica de Públicos, Solidarios y de Reparto y reafirmar que la esencia de Seguridad Social es la Solidaridad que se expresa cuando los trabajadores en actividad aportan para sostener a los trabajadores pasivos, donde el que más tiene aporta por el que menos tiene y el sano  trabaja para cubrir al enfermo.

 

Sin Solidaridad no hay futuro como quedó demostrado cuando más de 5.000.000 de Argentinos fueron incorporados en base a ese concepto al Sistema de Jubilaciones y Pensiones que llego en un momento a tener un 98% de cobertura transformándose en un Sistema de referencia en América y el mundo.

 

La única manera segura de jubilarse es en el Estado, como también lo vimos frente a la estafa perpetrada por la AFJP, que de no haberse estatizado se hubieran fugado con los fondos.

 

Luchar hoy por nuestros jubilados también es luchar para asegurarnos los trabajadores activos una jubilación mañana.

 

Por eso la lucha es hoy por ellos, por nosotros para tener un mañana y para que nuestros hijos tengan un futuro.

 

 

 

Rubén Garrido

Director de Relaciones Internacionales

CTA-A