Lo primero es resolver los ingresos populares

Por Julio C. Gambina

A las puertas de un nuevo gobierno desde el 10 de diciembre próximo en la Argentina existen interrogantes sobre quienes integrarán el Gabinete de Ministros, especialmente en el área de Economía y la Producción, como en las Relaciones Exteriores. Todas las áreas de gobierno interesan, Educación y Salud, Ciencia y Tecnología, Cultura, Jóvenes y Mujeres, entre otras, sin duda, pero buena parte de las argumentaciones sobre el triunfo en las recientes elecciones (28/10/2019) de la coalición liderada por el peronismo unido bajo hegemonía kirchnerista, se derivan de la situación económica, la que está estrechamente vinculada a la situación mundial y regional. Por eso, el énfasis en lo “económico” y en la “inserción internacional”
Los análisis de los fenómenos económicos en el marco mundial son insoslayables para pensar nuestro tiempo en cualquier territorio y coyuntura. A escala global se mantiene la guerra comercial entre EEUU y China, como vidriera de un debate de fondo sobre la hegemonía de la producción mundial, del desarrollo tecnológico en asuntos de vanguardia, lo que ocurre en un marco de desaceleración y exacerbación del gasto militar, a lo que se suma el descontento social extendido, evidente en la región latinoamericana y caribeña. Asistimos a un tiempo de “desorden”, luego del “orden” globalizador construido desde el poder mundial liberalizador por más de cuatro décadas. Ese orden lo discuten desde arriba en la disputa por la hegemonía, y desde abajo con evidentes señales de cansancio y agotamiento de los pueblos ante los efectos sobre la mayoría de la sociedad.
¿Acreedores internos o externos?
La Argentina está atrapada en la red del endeudamiento y el acuerdo con el FMI, con EEUU detrás, definiendo las posibilidades financieras del país y por el otro lado, Brasil como principal comprador, quien ejerce su propia presión para orientar decisiones de política económica e internacional al nuevo gobierno argentino. El trasfondo de luchas sociales en la región augura efecto contagio en toda Nuestramérica, que amenaza la hegemonía cultural “neoliberal” construida por años, evidente en la situación de Chile y de Colombia.
El tema del rumbo económico y la inserción internacional importa porque detrás de algunos nombres que suenan para designar en los Ministerios respectivos existen enfoques teóricos y propuestas de políticas concretas que definen particulares ganadores y eventuales perdedores según sea el camino que se elija. La coalición que asumirá el gobierno contiene en su seno diagnósticos diferenciados sobre el qué hacer en materia económica y en la política exterior, que son no conciliables si la prioridad es el hambre y la recomposición de ingresos populares, o la decisión de cumplir con los acuerdos suscriptos con el FMI y su socio mayoritario, el gobierno estadounidense. Del mismo modo se puede discutir cual será la inserción internacional a promover, ¿más cercana a la reconstitución de una experiencia de “integración regional” en la difícil situación de América Latina y el Caribe actual?, o ¿a la recreación de los vínculos con el orden y demanda de las transnacionales, especialmente asociadas a las inversiones petroleras por la explotación de hidrocarburos no convencionales?
En ocasiones me consultan si se puede satisfacer a ambas partes o intereses. Soy categórico en señalar que no se puede, más allá de cómo se termine formulando la política, que puede incluir un shock de ingresos para el verano a los más postergados, recordando el condicionante de un 40% de pobreza en el país, y claro, postergando cancelaciones y vencimientos de la deuda, con todos los interrogantes de la capacidad de escucha de un poder mundial jugado en disputar impunemente el poder en la región y en el mundo. Las prioridades marcan el rumbo a seguir y condicionan otros aspectos a ser considerados secundarios. ¿Los acreedores sociales y económicos de derechos primero o serán los externos, entre ellos el FMI, los que marquen el rumbo?
Un agravante a considerar es que más allá de las cabezas designadas en cada Ministerio, resulta altamente probable que se constituyan equipos en cada área que incluyan personas con orientación heterodoxa y ortodoxa, dificultando un rumbo que muchos actores preferirían más definidos. Algunos preferirán la prioridad de atacar la pobreza, el hambre, el desempleo, el aliento a la promoción del mercado interno, el estímulo a cooperativas, a pymes y a ciertos desarrollos productivos regionales y vinculados a las necesidades de la mayoría social; y otros preferirán la inserción internacional subordinada, la apertura liberalizadora y la seguridad jurídica de los inversores internacionales.
Ambas posiciones tienen contacto con sectores políticos y sociales que no integran la coalición de gobierno y ello supone capacidad de alianzas para definir el rumbo hegemónico de la Argentina en el próximo periodo. Por eso, las alianzas en la nueva etapa trascienden el consenso electoral que permitió el acceso al gobierno. Unos y otros sectores sociales y políticos, en el oficialismo y en las oposiciones venideras, expresan intereses económicos y cierta cosmovisión relativa al qué hacer cotidiano.
Convengamos que lo definitorio, no siempre considerado en los análisis, será la presión social en uno u otro sentido, incluso a sabiendas que la movilización callejera ya no solo se sostiene desde las mayorías empobrecidas. Desde sectores sociales de la derecha se realizaron experiencias de movilizaciones, no solo con fines electorales, para organizar demandas sectoriales o ideológicas, las que serán puestas en juego en el próximo periodo. Entre muchos ejemplos podemos citar las luchas en contra del aborto o por reaccionarias reformas penales. La derecha ya no solo moviliza desde el poder armado militar, y ahora incluye el accionar ideológico vía medios y redes junto a concentraciones callejeras ampliamente difundidas en los medios de información masiva.
Definir prioridades afecta ingresos
La opción por privilegiar la deuda y su cancelación, como los compromisos de ajuste fiscal y reformas estructurales: quita de derechos laborales y previsionales, por ejemplo, supone afectar los ingresos populares (salarios, jubilaciones, planes sociales) y anticipa despliegue del conflicto social.
El relativo impasse en la demanda social estuvo vinculado a las expectativas con el cambio de gobierno, anticipado en las primarias de agosto y consolidado en las elecciones de octubre. El tiempo se acorta y diciembre alumbrará con más penurias derivadas de la inflación (57 al 58%) y la recesión en torno al -3%, lo que augura exigencias de soluciones inmediatas, aun de emergencia.
A la inversa, la atención a la emergencia, de los ingresos de trabajadores y trabajadores, activos y pasivos, tanto como los planes sociales, afectará la ganancia empresaria y ello generará demandas desde el poder económico, las que se manifiestan actualmente en subas del combustible o de las prepagas, como en la remarcación de precios no regulados. Aun con “legislación de góndolas”, el poder económico de los supermercados buscará los mecanismos de evasión y elusión de los controles legales con un Estado disminuido en su capacidad de inspección e intervención directa.
Más aún si se avanza por el camino de la desdolarización de las tarifas de servicios públicos, donde puede esperarse el boicot empresario, tal como fue ejercido en tiempos anteriores, los que desembocaron en el proceso privatizador y más reciente bajo el gobierno Macri en la dolarización de las tarifas. El chantaje empresario será previsible, porque la afectación de las ganancias será el único mecanismo de asegurar la urgencia que demandan las urgentes necesidades sociales de la mayoría empobrecida de la sociedad
Toda la población, en una economía monetario mercantil, necesita percibir ingresos, los que se derivan de la propiedad de los medios de producción o de la propiedad de la fuerza de trabajo. La Renta Nacional se distribuye en consideración a estas remuneraciones, las ganancias y la renta del suelo para los propietarios de medios de producción y los salarios en todas sus formas, derivadas de la regularidad o la irregularidad del empleo, para los que solo tienen su fuerza de trabajo para ofrecer en el mercado. Todo se dirime en la distribución de la Renta Nacional, lo que requiere ser programado, planificado. No solo remito a la distribución directa y en primera instancia, sino al papel del Estado, de las políticas públicas en la distribución secundaria del ingreso.
El debate es si se mantiene el Estado al servicio del gran capital vía subsidios o formas de sostenimiento del gran capital local o transnacional, o si se alienta una política de estímulo al gasto público y social, lo que supone discutir la política de Ingresos, Fiscal, Monetaria, Crediticia, Cambiaria, entre otros aspectos que definen el rumbo económico y la inserción internacional. Como siempre sostenemos es una opción contradictoria que supone confrontación de intereses, en una disputa que no admite el empate y algunos ganan y otros pierden. La distribución de ingresos no es de suma cero, por eso la inflación, en tanto capacidad de establecer precios resulta un mecanismo de defensa del poder económico.
¿Puede escalar la inflación en el próximo tiempo? Siendo una disputa de poder, queda muy claro que es una posibilidad. En ese sentido, interesa y mucho, los nombres de quienes encabecen ministerios, de sus equipos y de sus políticas para este comienzo de nuevo gobierno. El impacto de esos anuncios podremos considerarlos en función de las iniciativas políticas cruzadas del poder o de los sectores populares, una confrontación en función de intereses, prioridades y rumbos al desarrollo del futuro cercano en la Argentina.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2019