ANSES dejó de organizar las reuniones de los auditores de las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Tras el escándalo del memorando con Qatar, la ANSES dejó de organizar las reuniones de los auditores de las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En el último encuentro hace ya siete meses, la CTA Autónoma le había manifestado su preocupación a las autoridades por el acuerdo que incluía enviar dinero de los jubilados a una offshore.

El tratado con el país asiático fue rubricado el 6 de noviembre de 2016. Dos semanas antes, el 20 de octubre, el representante de la Central de Trabajadores Argentinos se mostró intranquilo con la decisión del Gobierno de firmarlo. Así quedó asentado en la sesión del Consejo del FGS, conducida por Luis María Blaquier, quien renunció al Fondo poco después de que El Destape muestre el documento secreto cerrado en Doha.

“El consejo se reunirá al menos en forma bimestral”, reza la regulación interna de la ANSES. El ente previsional que dirige Emilio Basavilbaso está también obligado a brindarle “toda la información que éste demande”.

Pero además de no registrar nuevos encuentros desde hace más de medio año, el organismo que administra U$S 56.074 millones de los jubilados le niega datos a los integrantes del consejo. Tal es el caso de Rubén Garrido, quien debería haber tomado el asiento de Horacio Fernández en noviembre del año pasado, cuando fue designado por la CTA, pero no participó de ningún encuentro.

En una carta del 11 de abril dirigida a Basavilbaso, Garrido le requirió información sobre la nueva fecha y hora de reunión del organismo auditor. Además, le requirió le envíe copias de las actas de los eventos posteriores a su designación en caso de que hubieran existido y la ANSES decidido no hacerlos públicos. Casi un mes más tarde, el miembro del secretariado nacional de la central sindical no obtuvo respuestas.

Esto quiere decir que desde octubre, cuando Blaquier hizo pública su intención de firmar el memorando con Qatar, la ANSES decidió eliminar cualquier tipo de control de sindicatos y bancos sobre el fondo multimillonario. Desde el ente previsional, no supieron informarle a El Destape sobre nuevos encuentros posteriores que pudieron haberse llevado sin informarles a los representantes de los trabajadores ni a los ciudadanos.

Además de los funcionarios del FGS, del consejo participan la CTA y CGT por los trabajadores, ABAPPRA y ADEBA por los empresarios de bancos, CAME y CAC por el comercio y COMARCO por la construcción, además de un representante de Diputados, otro de Senadores y un último por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Por el memorando de entendimiento con Qatar, el FGS se comprometió a desviar U$S 300 millones a una offshore y el país árabe U$S 1.000 millones. Con este capital luego se iba a invertir en la Argentina, administrado por un tercero, que quizás sería un financista amigo de Gastón Gaudio, Diego Nicolás Rosendi. Ambos particulares recibieron información privilegiada de parte de los funcionarios que participaron de la misión enviada por Mauricio Macri.

Ante la denuncia penal de Fernando Míguez y del diputado del Frente Para la Victoria Guillermo Carmona, la fiscal María Paloma Ochoa imputó al Presidente, todos los funcionarios involucrados, Gaudio, Rosendi, el príncipe catarí y el titular de la Autoridad de Inversión de Qatar (QIA, en inglés).

Los argentinos negociaron condiciones que sabían eran contrarias a la regulación de la ANSES y leyes dictadas por el Congreso de la Nación, por lo que Ochoa ordenó la suspensión inmediata de la ejecución del acuerdo. El juez Daniel Rafecas desestimó la investigación por considerar que no se había consumado el delito, pero la miembra del Ministerio Público Fiscal apeló, por lo que será Germán Moldes quien ahora tendrá que impulsar el recurso ante la Cámara Federal para que la Justicia pueda empezar a indagar los todos los posibles delitos cometidos en las conversaciones y en el documento firmado.

 

Fuente: El Destape